El régimen cubano recibió el primer cargamento del programa de ayuda humanitaria de 100 millones de dólares financiado por el Gobierno de Estados Unidos, ocasión que aprovechó para responsabilizar nuevamente a este país de la crisis económica que vive la Isla y reprochar la ayuda humanitaria.
Lejos de dar reconocimiento directo a la administración estadounidense por el envío, la reacción oficial fue de inconformidad y reclamo por las sanciones económicas contra Cuba, insinuando que si la ayuda es necesaria, es precisamente por el cerco económico de Washington sobre la Isla.
Ya que el objetivo del programa impulsado por el secretario de Estado, Marco Rubio, es que los suministros lleguen directamente a la población sin pasar por el control del Estado cubano, es precisamente este punto el que el régimen de Miguel Díaz-Canel reclama.
Y es que las ayudas humanitarias han estado controladas siempre por el gobierno de Cuba, que ha sido acusado en numerosas ocasiones de no repartir los insumos, y en lugar de esto, acapararlos y venderlos en sus propias tiendas estatales, muchas veces en dólares.
Esto ya ha ocurrido con arroz de China, aceite de Rusia y de la ONU, y más recientemente, con frijol enviado por el gobierno de México, y aunque el régimen ha negado los señalamientos, las denuncias de múltiples ciudadanos así como la renuencia del gobierno a ser transparente sobre la repartición de los recursos lleva a una desconfianza generalizada de la población.
El primer envío de ayuda proveniente de EEUU, transportado desde Miami por la aerolínea 7 Air Cargo, arribó al Aeropuerto Internacional José Martí con 700 módulos de alimentos y 700 kits de higiene, destinados a familias vulnerables de los municipios de Alquízar, en Artemisa, y Bejucal, en Mayabeque.
La distribución estará a cargo de Cáritas Cuba y las parroquias locales, siguiendo criterios de vulnerabilidad y con el apoyo de voluntarios, sin que exista transferencia de recursos económicos al gobierno cubano.
En la recepción participaron el cardenal Juan de la Caridad García Rodríguez, arzobispo de La Habana; la directora de Cáritas Cuba, Carmen María Nodal Martínez; el director de Cáritas Habana, Ángel Miguel Gutiérrez Valdivia, además de representantes del régimen cuyos cargos no fueron precisados oficialmente.
A través de un comunicado, el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX) insistió en responsabilizar a EEUU de las dificultades que enfrenta el país y sostuvo que la ayuda no es congruente con las sanciones impuestas por Washington.
“El componente de la ayuda contrasta con la realidad que impone el castigo colectivo que aplica el gobierno de Estados Unidos contra el pueblo de Cuba, reforzado con un brutal cerco energético impuesto desde los primeros días de este año”, escribió en el comunicado.
Al mismo tiempo, el régimen evitó atribuir el donativo al Gobierno estadounidense y lo presentó como un gesto del pueblo de ese país, argumentando que son los contribuyentes quienes financian los recursos públicos utilizados para el programa.
“Cuba no se opone a la ayuda siempre que beneficie al pueblo y no se utilicen sus necesidades para lucrar políticamente; la acepta como un gesto del pueblo estadounidense que sustenta, con sus contribuciones, los fondos públicos que utiliza su gobierno”, añade la publicación.
La ayuda humanitaria llega apenas un día después de que el dirigente cubano Miguel Díaz-Canel admitiera la dependencia de Cuba de países extrajeros, normalmente sus aliados, pero ahora también su principal adversario.
La postura mantiene la línea discursiva que La Habana ha sostenido desde que Washington anunció la asistencia en mayo. Semanas atrás, el canciller Bruno Rodríguez llegó a cuestionar el anuncio y acusó a Marco Rubio de utilizar la ayuda con fines propagandísticos.
Sin embargo, desde el Departamento de Estado la posición ha sido distinta. El subsecretario Jeremy P. Lewin advirtió que los suministros pertenecen exclusivamente al pueblo cubano y dejó claro que el régimen no tendría autoridad para decidir sobre su destino.
La estructura del programa fue diseñada precisamente para impedir que los productos sean desviados, revendidos o utilizados con fines políticos.
Catholic Relief Services adquiere los alimentos y artículos de higiene en Estados Unidos y los entrega directamente a Cáritas Cuba, que posteriormente los distribuye mediante la red de parroquias.
La advertencia responde a antecedentes documentados por medios independientes y organizaciones de la sociedad civil, que durante años han denunciado la comercialización de productos procedentes de donaciones internacionales o su distribución bajo mecanismos controlados por el Estado.
Tras desastres naturales y otras emergencias, ciudadanos han reportado la aparición de artículos identificados como ayuda humanitaria en establecimientos estatales o canales de venta administrados por el Gobierno.
El programa anunciado por Washington contempla 60 millones de dólares para la Iglesia Católica y 40 millones para organizaciones no gubernamentales independientes, con el propósito de beneficiar a entre 100.000 y más de 196.000 familias en todo el país mediante entregas escalonadas.
Cáritas Cuba confirmó que los próximos cargamentos continuarán llegando en distintas fases durante los próximos meses.
La llegada de la ayuda ocurre a unos días de la publicación del informe del Departamento de Estado “Cuba: la capital del comunismo del siglo XXI”, que acusa al régimen de ser una amenaza directa por mantener vínculos estratégicos con gobiernos considerados adversarios de EEUU, de espionaje y de corromper a sus jóvenes.
El informe también fue señalado por el gobierno cubano como un intento de justificar las sanciones de EEUU sobre la Isla, en una oportunidad más para victimizarse por el embargo.
