
Según información revelada por el medio especializado en turismo Preferente, las principales cadenas hoteleras españolas han comenzado a formalizar su salida de Cuba a fin de evitar sanciones por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (USDT, por sus siglas en inglés).
La administración de Donald Trump dio hasta el 5 de junio como fecha límite para que empresas extranjeras cierren operaciones con entidades vinculadas al conglomerado militar cubano GAESA. En este caso, el rompimiento de las hoteleras será con Gaviota, el brazo turístico de este organismo castrista.
La presión responde a las sanciones secundarias anunciadas el 7 de mayo por el secretario de Estado, Marco Rubio, contra GAESA y sus filiales. Las medidas siguieron a la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el mandatario norteamericano el 1 de mayo, que amplió el riesgo de sanciones para compañías extranjeras que mantengan negocios con sectores estratégicos controlados por el régimen.
Rubio confirmó que estas acciones son solo el inicio de una serie de presiones financieras. Según el secretario, el objetivo es desarticular un esquema de recaudación de divisas que no beneficia al pueblo cubano.
El conglomerado militar controla áreas clave de la economía cubana y, de acuerdo con estimaciones externas, concentra entre el 40% y el 70% de la actividad económica de la Isla.
Respecto a Gaviota, su gestión se encuentra enfocada a 121 hoteles, 20 marinas, una empresa de transporte, una agencia de viajes y una firma logística en Cuba. De esa cantidad de hoteles, 62 están vinculados a cadenas españolas, lo que representa el 56,3% del total.
La única excepción mencionada por Preferente sería una pequeña cadena mallorquina propietaria de tres establecimientos en Cuba, perteneciente a una familia con operaciones hoteleras en México, Baleares y Andalucía. Esa empresa aún no habría comunicado su salida y podría exponerse a sanciones del Tesoro si no completa el proceso antes del plazo establecido.
¿Cuáles cadenas hoteleras españolas se encuentran en Cuba?
Las cadenas hoteleras españolas han sido durante décadas uno de los pilares fundamentales del turismo en Cuba, administrando gran parte de las habitaciones ubicadas en los principales destinos de la Isla, como La Habana, Varadero y los Cayos.
Su presencia se ha desarrollado mediante contratos de gestión firmados con empresas estatales cubanas, especialmente con Gaviota, el brazo turístico del conglomerado militar GAESA.
La compañía con mayor presencia en el país es Meliá Hotels International, considerada la principal cadena extranjera que opera en la Isla. La firma española administra más de 30 hoteles bajo marcas como Meliá, Paradisus, Sol y Tryp. Su relación con el régimen cubano se remonta a 1990, cuando comenzó su expansión en la Isla en pleno “Periodo Especial”.
Otra de las empresas con fuerte presencia es Iberostar Hotels & Resorts, que gestiona cerca de una veintena de hoteles de cuatro y cinco estrellas. La cadena ganó notoriedad recientemente tras convertirse en la primera firma internacional autorizada por el régimen para operar bajo un modelo piloto de arrendamiento directo de inmuebles estatales, una fórmula diseñada para mejorar la gestión y rentabilidad de sus instalaciones.
Barceló Hotel Group también mantiene operaciones importantes, especialmente en Varadero, considerado el principal polo turístico de sol y playa del país. A su vez, Roc Hotels, de origen mallorquín, administra varios complejos turísticos tanto en Varadero como en La Habana.
Blau Hotels & Resorts cuenta igualmente con presencia en destinos costeros cubanos, enfocando su oferta en el modelo “Todo Incluido”, dirigido principalmente al turismo internacional. Por su parte, el Grupo Piñero, propietario de la marca Bahia Principe, también ha desarrollado operaciones en Cuba, aunque con menor peso que en otros mercados turísticos del Caribe.
La presencia de estas compañías ha sido clave para sostener una industria turística que el régimen cubano presentó durante años como motor económico, mientras gran parte de los ingresos terminaban bajo control de estructuras vinculadas al aparato militar de la dictadura.