El gobernador de Florida, Ron DeSantis, continúa aplicando medidas contra la migración irregular en su estado. Ahora, firmó nuevos acuerdos que amplían la capacidad de agencias estatales para colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), informó Telemundo 51.
Ese plan permite a los inspectores agrícolas y otros funcionarios realizar interrogatorios a individuos sobre su estatus migratorio. En caso de detectar la falta de documentos, puede proceder con las acciones correspondientes, como notificar la situación a los agentes del ICE.
Además, se asignarán 298 millones de dólares para fortalecer el cumplimiento de estas disposiciones. Con la nueva legislación, diversas agencias, como el Departamento de Agricultura y la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre, tendrán mayor autoridad en asuntos migratorios.
DeSantis destacó que la medida permitirá que los agentes cooperen plenamente con el Departamento de Seguridad Nacional y aumentará la presencia de la Guardia Estatal de Florida en operativos migratorios.
El sector agrícola ha manifestado su preocupación por el impacto que la normativa podría tener en la disponibilidad de mano de obra. Muchos agricultores temen que la falta de trabajadores indocumentados reduzca la producción y afecte la economía local, dependiente en gran medida del empleo de inmigrantes en los campos de cultivo.
Algunas familias indocumentadas han comenzado a considerar mudarse a otros estados donde no enfrenten inspecciones constantes. Asimismo, universidades y organizaciones legales han reforzado sus programas de asesoría para inmigrantes detenidos.
Hace unos días, el mandatario republicano firmó un paquete de leyes que endurece las penas para inmigrantes indocumentados que cometan delitos graves. Entre las medidas más drásticas se encuentra la pena de muerte para aquellos condenados por asesinato en primer grado o violación de menores, una decisión que ha generado fuertes críticas de sectores defensores de derechos humanos.
La legislación también contempla la creación de una nueva figura delictiva para quienes ingresen a Florida tras haber cruzado ilegalmente a Estados Unidos. Además, se han destinado fondos para la contratación de más de 50 agentes especializados en inmigración y para la concesión de subvenciones a agencias locales que colaboren con operativos federales.
Otro punto polémico es la derogación de la ley que permitía a estudiantes indocumentados acceder a matrículas estatales en universidades y colegios públicos. La decisión ha sido rechazada tanto por sectores progresistas como por algunos republicanos, quienes alertan sobre el impacto negativo en la educación y el desarrollo del estado.
La aprobación de estas leyes generó tensiones dentro del partido republicano en Florida. DeSantis presionó para endurecer las propuestas iniciales, que consideraba demasiado débiles. Incluso amenazó con vetarlas si no se ajustaban a sus exigencias de mayor control migratorio.
