Un juez federal de Rhode Island rechazó la solicitud urgente de la administración de Donald J. Trump para que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) frenara el procesamiento de miles de trámites migratorios pendientes.
La decisión mantiene activos los expedientes de asilo, permisos laborales, residencias permanentes, naturalizaciones y otros beneficios que habían sido paralizados.
El juez principal John J. McConnell Jr. mantuvo vigente su fallo del 5 de junio, que anuló cuatro políticas implementadas por USCIS contra ciudadanos de 39 países. El Gobierno había pedido restablecer temporalmente esas pausas mientras el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito analizaba el caso.
USCIS deberá continuar procesando los expedientes
Las políticas anuladas permitían detener solicitudes de asilo, renovaciones de permisos de trabajo, Green cards, procesos de ciudadanía, beneficios de DACA y documentos de viaje. También ordenaban revisar determinadas aprobaciones concedidas durante la administración de Joe Biden.
Aunque muchos inmigrantes acudieron a entrevistas, pagaron tarifas y entregaron la documentación requerida, USCIS evitaba emitir decisiones definitivas. McConnell concluyó que esta práctica dejó a los solicitantes en un limbo administrativo sin una fecha clara de resolución.
La sentencia no obliga a la agencia a aprobar los casos. USCIS conserva la facultad de investigar antecedentes, solicitar pruebas adicionales, realizar entrevistas y rechazar expedientes que incumplan la ley. Sin embargo, no podrá mantenerlos congelados indefinidamente solo por la nacionalidad o el lugar de nacimiento del interesado.
Juez cuestionó los argumentos de seguridad nacional
La administración Trump sostuvo que las restricciones eran necesarias para identificar posibles riesgos de terrorismo, fraude y seguridad pública. El magistrado respondió que esas preocupaciones pueden atenderse mediante evaluaciones individuales y los controles existentes.
McConnell también cuestionó que USCIS esperara hasta el 19 de junio para solicitar una suspensión de emergencia.
“Ha pasado un mes desde que el tribunal dictaminó. Si la seguridad nacional estaba tan en juego, ¿por qué no me pediste que detuviera la implementación inmediatamente?”, preguntó el juez al abogado del Departamento de Justicia.
La demora, según el tribunal, debilitó la afirmación de que existía un peligro inmediato. El magistrado tampoco consideró probable que el Gobierno lograra revertir la sentencia durante la apelación.
Inmigrantes comenzaron a recibir respuestas
Las organizaciones demandantes informaron que algunos expedientes volvieron a avanzar. Dos haitianos recibieron nuevas fechas para sus ceremonias de naturalización, mientras una persona de Nigeria obtuvo la renovación de DACA. USCIS también entregó un documento de viaje pendiente a un ciudadano afgano.
Las políticas habían provocado pérdidas de empleo, vencimientos de permisos laborales, cancelaciones de ceremonias de ciudadanía y restricciones para viajar. El tribunal consideró que esos daños podían resultar difíciles de reparar.
La disputa continuará ante el Primer Circuito y podría llegar a la Corte Suprema. Mientras no exista una nueva orden, USCIS deberá continuar examinando y resolviendo las solicitudes afectadas.
