A través de un fallo de 47 páginas, el juez federal, Rodolfo Ruiz, desestimó una demanda relacionada con los derechos legales de los detenidos en el centro de inmigrantes “Alligator Alcatraz”, ubicado en los Everglades de Florida.
La demanda fue presentada por abogados de derechos civiles con el fin de solicitar una orden judicial para garantizar el acceso confidencial de los detenidos a sus abogados y audiencias judiciales.
El magistrado, tras escuchar a las partes involucradas en este caso, decidió no continuarlo y ordenó su traslado a otra jurisdicción. Durante la audiencia, los representantes del gobierno argumentaron que la ubicación del centro de detención en el condado de Collier, que pertenece al distrito central de Florida, hacía inapropiado que el Distrito Sur de Florida se ocupara de este caso.
El juez Ruiz, que había expresado dudas sobre cuál era la jurisdicción adecuada, concluyó que el caso debía trasladarse a la jurisdicción del Distrito Central de Florida, donde ahora se definirá si los migrantes detenidos pueden tener un contacto confidencial con sus defensores.
Por el momento, los arrestados tienen contacto con sus abogados a través de videoconferencias que son vigiladas por el personal del centro, construido de manera improvisada en las instalaciones de un aeropuerto de entrenamiento abandonado.
Los demandantes han dicho que los detenidos carecen de acceso adecuado y confidencial a sus abogados y no pueden asistir a audiencias ante un tribunal de inmigración, un derecho fundamental en el sistema judicial estadounidense.
El juez Ruiz también argumentó que la reciente decisión del gobierno federal de designar el Centro de Procesamiento Krome North como el lugar de tramitación de los casos de estos detenidos resolvía, en parte, las quejas sobre la falta de acceso a la justicia.
El centro de detención también ha estado bajo escrutinio por su impacto ambiental. Grupos ambientalistas y miembros de la comunidad miccosukee han demandado que se detengan las obras adicionales en el centro hasta que se cumplan las leyes federales de protección ambiental.
La jueza Kathleen Williams, quien está al frente de este otro caso, ordenó una pausa en las labores de construcción el 7 de agosto, mientras se resolvía el debate legal. “Por todas estas razones y toda la evidencia en el expediente, y porque no hay garantías mientras litigamos este asunto tan importante… voy a emitir esta tarde una orden escrita de restricción temporal”, expresó la magistrada.
La orden prohíbe actividades como el relleno de terreno, la pavimentación, la instalación de nueva infraestructura y la colocación de luminarias adicionales en el sitio. No obstante, se aclaró que la restricción no afecta las actividades relacionadas con inmigración dentro del centro de detención.
El referido centro de detención migratoria fue inaugurado el pasado 1 de julio por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El lugar tiene capacidad para mantener bajo custodia a hasta 5.000 personas en lo que se cumplen los tiempos para las respectivas deportaciones.
Recientemente, se informó que el gobierno de Florida tendría en planes la construcción de otro lugar similar en la Institución Correccional de Baker, con la capacidad inicial de 1.3000 camas.
