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PERIÓDICO CUBANO

Juicio sumario para profesor de arte que participó en las protestas de San Antonio

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Juicio sumario para profesor de arte que participó en las protestas de San Antonio

El régimen cubano está tomando medidas de escarmiento para impedir más protestas

 Juicio sumario para profesor de arte que participó en las protestas de San Antonio

Juicio sumario para profesor de arte que participó en las protestas de San Antonio. (Collage: Arliz Plasencia Fernández-Facebook)

El régimen cubano continúa realizando “juicios rápidos”, tal y como advirtiera la fiscal jefa de la dirección de procesos penales de la Fiscalía General de Cuba, Liznay María Mederos Torres.

Estos procedimientos penales están contemplados en el Código Penal cubano, pero la intención de aplicarlos es totalmente política para dar un escarmiento e impedir más protestas populares.

La más reciente denuncia de un caso de este tipo es la de Alexander Diego Gil, graduado de la Universidad de las Artes y quien además es actor, poeta, maestro, ecologista y activista comunitario.

Según cuenta en su perfil de Facebook Arliz Plasencia Fernández, socióloga cubana graduada en la Universidad de La Habana, a Diego Gil se le mantiene retenido desde el pasado domingo 11 de julio por su participación en las manifestaciones antigubernamentales que tuvieron lugar en su natal poblado de San Antonio de los Baños.

La familia del detenido fue a informarse sobre su situación a 100 y Aldabó donde lleva recluido desde hace más de 168 horas (ya había pasado 24 horas preso en la estación policial de Zanja) y los oficiales del régimen le dijeron que iba a ser procesado en un juicio sumario.

La figura del juicio sumario es un procedimiento especial que procede cuando lo señala la ley. Una de sus principales características es la de ser breve y concentrado. De acuerdo con el Código Penal cubano es extraordinario, pero tiene aplicación general o especial según sea la pretensión que se haga valer.

De inmediato los familiares Diego Gil deciden nombrar un abogado, un proceso que se hace mediante contrato donde una de las informaciones para formalizar el mismo es la hora y lugar del juicio. Sin embargo, esos detalles le fueron negados por los agentes de la prisión. Los represores alegan que esos detalles solo los puede saber el abogado, mismo que para ofrecer sus servicios a los familiares exige conocer de antemano la fecha y lugar del juicio.

El testimonio de Plasencia Fernández cuenta que al personarse el abogado en busca de la información, imprescindible para preparar su defensa, a él también le fue negada.

“Sin estos datos claves, el abogado no puede personarse, planificar la defensa. Estos datos son, además de imprescindibles, un derecho”, denunció la socióloga.

El asunto es que bajo una dictadura no hay derechos, pues sus dirigentes y el Partido Comunista dominan todos los poderes de la sociedad comenzando por el poder judicial.

El aparato represivo afina toda la maquinaria para que no vuelvan a presentarse actos de manifestación masiva en rechazo a la clase dirigente que ha gobernado la Isla en 62 años.

“Justicia y libertad. Que la represión, el miedo, el odio, la estupidez nunca puedan más que la poesía”, dijo en su post Plasencia Fernández.

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