La aduana y los intereses de la nación

Pensando y leyendo comentarios, tras el paso del huracán Irma, me pregunto si las leyes de aduanas de Cuba se adaptan a las necesidades económicas del país y de sus ciudadanos o si por el contrario la dificultan aún más, con restricciones que se contradicen con los intereses de la nación.

No me cansaré de contar la historia del campesino, combatiente de la revolución, al que la aduana le prohibió importar un tractor nuevo para trabajar su finca. ¿Habrá algún funcionario que crea que impidiendo la entrada de tractores se defienden los intereses nacionales?

Cuando un país del tamaño de Cuba gasta U$D 2000 millones anuales importando el 80% de los alimentos que consume, debería permitir las importaciones de máquinas, herramientas, vehículos y demás insumos para el sector agrícola, incluso sin pagar impuestos.

Cuba vive en un constante susto energético, como cualquier economía subdesarrollada que depende de combustibles que solo puede adquirir en el extranjero. El gobierno parece decidido ahora a transformar la matriz energética hacia las fuentes renovables.

El país realiza gastos gigantescos creando parques eólicos o solares y tal vez sea este un sector donde la aduana engarza positivamente con el esfuerzo nacional, permite entrar equipos de energía solar pero solo hasta 5 kW, no explican porque este límite y además es obligatorio pagar aranceles por ellos.

Y se podría hacer más para aumentar el ahorro energético autorizando la importación de autos eléctricos, una solución para un país sin reservas de petróleo, sobre todo porque se cargan durante la noche, cuando se pierde la mayor parte de la electricidad generada.

Es más, ya se han desarrollado estaciones de servicio abastecidas por energía solar para recargar esos automóviles. Se puede decir que los autos eléctricos y los híbridos son caros pero para los precios de Cuba resultan más baratos que un Lada con 30 años de uso.

En cambio, el Estado continúa importando vehículos de gasolina. Cada día las empresas ponen más automóviles en las calles, mientras sigue escaseando el transporte público, el cual supuestamente se iba a financiar con la venta de carros a precios estratosféricos.

Durante el paso del huracán Irma murieron 10 cubanos, la mayoría de ellos por culpa de los derrumbes, pero la aduana mantiene la prohibición de entrar materiales de construcción, ni siquiera se les permite traerlos en su contenedor a los repatriados.

¿Por qué no usar la técnica de la telefónica Etecsa de recargas en el exterior, que tantos millones de moneda dura produce? Se podrían abrir almacenes en la Zona Franca del Mariel con materiales de construcción, donde se compre pagando en el extranjero.

Para que algo así funcione tendría que ofrecer mejores precios, igual que hace Etecsa. Si pretenden aplicarle el 240% de impuesto, como ocurre en las tiendas, se les pudrirán las tejas y los azulejos en los almacenes, si antes los mismos empleados no los desvían hacia el mercado negro.

Es verdad que no todo el mundo podrá comprar allí pero no es menos cierto que quienes puedan dejaran de hacerlo en los rastros del mercado nacional, de esta manera habrá más materiales para los que tienen menores ingresos. Un negocio en el que ganarían todos.

Las prohibiciones y los impuestos a la importación tienen como objetivo principal proteger a la industria local, la salud pública y la seguridad. ¿A quién protege la aduana cubana cuando impide la entrada de azulejos, si el país apenas produce y siempre faltan en las tiendas?

¿Por qué la aduana solo permite 10kg de medicamentos libres de impuestos si en las farmacias de Cuba faltan muchísimos? ¿No sería lógico que se permitiera el acceso sin límites de peso ni pago de impuestos hasta tanto los laboratorios cubanos fueran capaces de producir todo lo que se necesita?

No debería ser un problema que lleguen a Manzanillo medicamentos para Josefina, la cual asegura que “ni se sabe desde cuando no venden diuréticos. Yo le dije a mi doctora que no me los recetara más, que ya vería yo si me moría hinchada o resolvía con medicina verde”.

El Estado es quien administra y media en busca de soluciones comunes a los problemas generales de la ciudadanía. Sin embargo, también debe ser un facilitador de salidas individuales que alivien la carga social, en particular cuando las necesidades de la gente son mayores que sus recursos.

Tomado de: Blog cartasdesdecuba (autor Fernando Ravsberg)