El gobierno de Estados Unidos ha solicitado formalmente a Venezuela que coopere en la investigación de nueve altos funcionarios del régimen chavista, incluidos familiares cercanos a Nicolás Maduro, en una serie de causas judiciales por presuntos delitos de narcotráfico y lavado de dinero.
La petición fue presentada a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y se incluye un enfoque progresivo para obtener acceso a documentos y realizar entrevistas con funcionarios venezolanos.
La demanda de Washington no se limita a la simple entrega de información, sino que incluye el acceso a registros administrativos y la trazabilidad financiera de las operaciones sospechosas.
La fuente que confirmó la solicitud, en conversación con el diario español ABC, señaló que el primer paso exige a Venezuela abrir sus puertas a los investigadores estadounidenses, permitiendo entrevistas y la revisión de documentación confidencial.
El segundo nivel de la propuesta incluye la posibilidad de que funcionarios estadounidenses participen directamente en las investigaciones, aunque siempre bajo la condición de que Caracas no reconozca públicamente dicha colaboración.
Finalmente, la tercera etapa implica mecanismos para el traslado o entrega de funcionarios bajo investigación, sin mencionar explícitamente la palabra “extradición”, que es rechazada por la constitución venezolana.
Entre los líderes del régimen chavista bajo la lupa de EEUU están Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro; Alex Saab, exministro y testaferro del régimen; Raúl Gorrín, empresario vinculado a operaciones ilícitas; y Samark López Bello, uno de los principales colaboradores de Saab.
También figuran Tareck El Aissami, ex presidente de PDVSA; Walter Jacob Gavídia Flores, hijastro de Maduro; y Pedro Luis Martín-Olivares, ex jefe del SEBIN.
Curiosamente, dos figuras clave dentro del régimen, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, no figuran en la lista de personas prioritarias para la justicia estadounidense.
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, advirtió que ambos podrían ser excluidos de un posible proceso de transición si no cumplen con las exigencias de Washington.
El entorno de Maduro sigue siendo un foco de atención internacional. En enero, Maduro y su esposa Cilia Flores fueron sometidos a una primera audiencia judicial en Nueva York, donde se enfrentan a cargos de narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína a EEUU, además de posesión de armas de guerra.
Durante su comparecencia, ambos se declararon inocentes y se consideraron “prisioneros de guerra”. El caso de Maduro y sus allegados ha complicado las relaciones con EEUU, con acusaciones de que durante más de 25 años colaboraron con narcotraficantes y grupos terroristas para facilitar el tráfico de cocaína hacia EEUU.
La Fiscalía de Nueva York detalló que utilizaron rutas en el Caribe y Centroamérica para mover “miles de toneladas” de droga.
El reciente enfoque de EEUU busca presionar al régimen de Maduro, al mismo tiempo que se fortalecen los mecanismos de cooperación con las autoridades venezolanas en áreas específicas como el narcotráfico.
A pesar de las tensiones diplomáticas, las conversaciones continúan sobre cómo abordar los desafíos de seguridad y migración que afectan a ambos países.
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