
Un artículo de opinión publicado por el periódico oficialista Sierra Maestra, de Santiago de Cuba, expuso con inusual franqueza el deterioro del proceso de bancarización impulsado por el régimen castrista desde agosto de 2023.
El texto, firmado por Yamilé Mateo Arañó, describe una política concebida para extender los pagos digitales, pero que en la práctica tropieza con la resistencia de los negocios privados, el colapso de la infraestructura bancaria y el creciente malestar de la población.
A través de una investigación, la autora encontró un persistente rechazo del sector particular hacia las plataformas como Transfermóvil y EnZona. Los clientes, al momento de pagar, enfrentan diferentes excusas como obstáculos.
“Es solo para un producto”, “mitad efectivo y mitad transferencia”, “no hay corriente y así no hay conexión”, “el dueño no está aquí” o “ya llegamos al límite de hoy”. Mateo Arañó comenta que estas respuestas tienen una razón de sobrevivencia para el negocio: requieren efectivo para reabastecerse y operar.
¿Por qué los negocios privados cubanos prefieren el efectivo?
Los negocios privados requieren efectivo porque sus proveedores tampoco aceptan transferencias y porque considerable parte de las compras de mercancías e insumos se mueve fuera de los canales bancarios.
A eso se suma otra razón clave: el efectivo deja menos huella y facilita la evasión fiscal en un entorno marcado por alta presión tributaria y bajos niveles de confianza en las instituciones.
En este contexto, también aparece un afectado sistema bancario. Tanto dueños de negocios como clientes enfrentan dificultades para conseguir efectivo a causa de cajeros automáticos que permanecen rotos, apagados por los cortes de electricidad o sin efectivo. Esa fragilidad vuelve inoperante el discurso oficial sobre la digitalización y afecta incluso gestiones básicas.

La afectación a adultos mayores y el auge de operadores informales
Uno de los sectores más golpeados es el de los adultos mayores. Muchos pensionados no tienen teléfonos móviles ni habilidades digitales para usar las aplicaciones de pago. Eso los obliga a pasar horas en colas bancarias para intentar cobrar una pensión que, en ocasiones, ni siquiera reciben completa por falta de efectivo en las sucursales.
Ese vacío ha sido ocupado por operadores informales que cambian saldo digital por dinero en efectivo a cambio de comisiones que pueden llegar al 30%. Según relata la autora, esos intermediarios se organizan incluso para marcar turnos en las colas y atender a sus “clientes”, muchos de ellos ancianos, que terminan entregando una parte significativa de sus ingresos solo para obtener billetes con los que puedan sobrevivir el mes.

Gobierno cubano mantiene el proceso de transferencia pese a su rechazo
La respuesta del gobierno ha sido eminentemente coercitiva y de amenazas al referido sector. En abril de 2024, fueron cerrados 476 establecimientos por incumplir las normas de pago electrónico. En septiembre de ese mismo año, otros 58 negocios corrieron la misma suerte.
Además, las autoridades habilitaron números telefónicos para denunciar a quienes rechacen transferencias. Sin embargo, el propio artículo recoge el descreimiento popular: las multas se imponen, pero muchos comercios vuelven a las mismas prácticas apenas desaparecen los inspectores.
El fracaso ya había sido admitido desde las altas esferas. El 6 de abril de 2024, durante la reunión de balance del Banco Central de Cuba, el primer ministro Manuel Marrero Cruz reconoció los problemas del proceso. A su vez, el director general de operaciones del banco lo ubicó entre las principales insatisfacciones de la institución.
Todo ocurre en medio de una economía golpeada por inflación, desabastecimiento y dolarización parcial. Mientras los precios de alimentos y productos de aseo se fijan cada vez más en divisas, el peso cubano sigue perdiendo valor en el mercado informal.

