El Ministerio de Economía y Planificación (MEP) volvió a recordar que los negocios en Cuba están obligados a aceptar transferencias bancarias como forma de pago, ante las crecientes quejas de consumidores que denuncian negativas, trabas y violaciones reiteradas en comercios de todo el país.
El mensaje oficial llega cuando el proceso de bancarización, impulsado por el régimen desde agosto de 2023, sigue mostrando fallas estructurales y un rechazo persistente tanto entre actores económicos como entre clientes afectados por la precariedad del sistema.
La recordación del MEP fue divulgada en Facebook y se apoya en las disposiciones vigentes del Banco Central de Cuba, dentro de una estrategia que busca reducir el uso de efectivo y aumentar el control sobre las operaciones comerciales.
La Resolución 111/2023, publicada el 2 de agosto de 2023, estableció que las operaciones en efectivo entre actores económicos no pueden superar los 5.000 pesos. A partir de esa cifra, el pago debe hacerse por transferencia o mediante otro canal electrónico.
Según el discurso oficial, la medida persigue limitar la circulación de dinero físico, mejorar la trazabilidad de los pagos y fortalecer el control estatal sobre las transacciones del sector privado y estatal.
Sin embargo, en la práctica, el proceso ha derivado en fricciones constantes. Muchos consumidores aseguran que no logran pagar por vía digital, mientras otros denuncian problemas con la bonificación del 6% que promocionan los bancos cubanos para incentivar el uso de estas plataformas.
El marco sancionador para quienes incumplan quedó recogido en el Decreto Ley 91 de 2024, que regula las contravenciones del trabajo por cuenta propia, las mipymes y las cooperativas no agropecuarias.
Esa norma fija multas de 20 a 40 cuotas para pequeños negocios y de 40 a 60 cuotas para mipymes y cooperativas. En dependencia de la gravedad, las sanciones pueden traducirse en montos de hasta 60.000 pesos.
Las autoridades también contemplan castigos mayores. Entre ellos figuran la suspensión temporal de la licencia, su cancelación definitiva y la clausura parcial o total del negocio en casos de reincidencia o de violaciones consideradas graves.
El MEP advirtió además sobre otra práctica extendida: el uso de códigos QR vinculados a cuentas personales en lugar de cuentas fiscales, una maniobra que dificulta el control tributario de la ONAT y que las autoridades consideran evasión fiscal.
Para los clientes que enfrenten una negativa, el Gobierno habilitó varias vías de denuncia, entre ellas la Línea Única del Comercio, el Banco Central, un correo electrónico del Ministerio de Comercio Interior y el Departamento de Atención Ciudadana. También operan comisiones de bancarización en cada provincia. Aun así, las propias versiones recogidas por medios oficialistas muestran que buena parte de la población duda de la efectividad real de esas denuncias.
Ese escepticismo quedó reflejado en un artículo de opinión publicado por el periódico estatal Sierra Maestra, de Santiago de Cuba, firmado por Yamilé Mateo Arañó. El texto, poco habitual por su tono crítico dentro de un medio oficial, describe la bancarización como un mecanismo “bien pensado” que en la práctica no funciona como fue concebido.
El trabajo enumera además las excusas más frecuentes para rechazar pagos digitales: que solo sirven para ciertos productos, que debe pagarse una parte en efectivo, que no hay corriente, que el dueño no está presente o que el límite diario ya se agotó, incluso desde temprano en la mañana.
Detrás de esa resistencia aparece una razón central: muchos negocios necesitan efectivo para comprar mercancías o importar insumos, porque sus propios proveedores tampoco aceptan transferencias y porque el dinero físico facilita operaciones fuera del radar fiscal.
