El Consejo de Estado de Cuba aprobó dos decretos-ley como parte de las recién informadas reformas económicas que busca aplicar el régimen castrista ante la fuerte presión de Estados Unidos.
A través de la página web de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Periódico Cubano confirmó que las nuevas normas están destinadas a reorganizar el sistema empresarial estatal y modificar el marco jurídico de las cooperativas agropecuarias.
Las normas se encuentran identificadas como “Del Sistema Empresarial Estatal Cubano” y “Modificativo del Decreto-Ley No. 76 de las Cooperativas Agropecuarias”.
Las autoridades todavía no han publicado los textos íntegros, el articulado, los números oficiales ni las fechas de entrada en vigor. Esta información será revelada a través de la Gaceta Oficial.
La aprobación ocurrió durante una sesión extraordinaria encabezada por Esteban Lazo Hernández, presidente del Consejo de Estado. La primera regulación establecerá los principios generales de organización y funcionamiento de las empresas estatales bajo la conducción del recién creado Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales.
Roberto Ricardo Marrero, presidente de esa institución, afirmó que esa norma responde a 16 de las 17 transformaciones previstas en el primer eje del programa económico aprobado por el gobierno. También aseguró que permitirá aplicar otras 12 medidas incluidas en diferentes apartados.
Sin embargo, la información oficial no precisó cuál de las transformaciones empresariales quedó excluida ni explicó cómo se instrumentarán las medidas restantes. La falta de detalles impide conocer el alcance real de una reforma presentada por las autoridades como un nuevo intento de “liberar las fuerzas productivas”.
Entre los cambios anunciados aparece una ampliación de la autonomía de las empresas estatales. Estas podrían realizar actividades lícitas adicionales, descentralizar la aprobación de precios y escalas salariales, disponer con mayor flexibilidad de sus utilidades y reducir progresivamente su dependencia de los subsidios estatales.
El programa también contempla procedimientos para la quiebra, liquidación y reestructuración de entidades que acumulen pérdidas. Los activos empresariales podrían ser valorados a precios de mercado, utilizados como garantía de créditos o entregados en arrendamientos de largo plazo a otros actores económicos e inversionistas extranjeros.
Otro de los cambios de mayor alcance sería la conversión de empresas estatales en sociedades mercantiles por acciones o participaciones. El Estado conservaría una posición mayoritaria en los sectores considerados estratégicos, mientras empresas privadas, otras entidades estatales y personas naturales podrían adquirir acciones.
Las autoridades no han explicado qué porcentaje podrá venderse, cuáles empresas estarán incluidas ni cuándo comenzará el proceso. Lazo insistió en que la empresa estatal socialista continuará siendo el actor principal de la economía cubana, pese a la apertura parcial anunciada al capital privado.
La promesa de mayor autonomía también contrasta con las amplias facultades concedidas al Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales. El Decreto 144/2026 autoriza a esa entidad a aprobar estrategias, crear empresas, avalar inversiones, proponer el destino de las utilidades y nombrar o sustituir a altos directivos.
El Instituto también podrá definir salarios y controlar indicadores de rendimiento. Aunque la norma señala que sus funciones no podrán contradecir la autonomía empresarial, la concentración de decisiones en una entidad subordinada al Consejo de Ministros genera dudas sobre el margen real que tendrán las compañías.
El segundo decreto modifica el Decreto-Ley 76/2023, aplicable a las cooperativas agropecuarias. La Asamblea Nacional indicó que regulará su constitución, organización, integración y funcionamiento, pero no reveló qué artículos cambiarán ni si habrá un período de adaptación.
El programa aprobado en junio propone autorizar a las cooperativas a importar combustibles y tecnologías, exportar directamente, obtener financiamiento externo y abrir cuentas bancarias dentro y fuera del país. También plantea descentralizar los precios agropecuarios y ampliar la intervención del mercado.
