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¿Por qué la Ley de Bienestar Animal no se ha publicado en la Gaceta Oficial?

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¿Por qué la Ley de Bienestar Animal no se ha publicado en la Gaceta Oficial?

Abogados opinan que el gobierno quiere tiempo, pues no hay clínicas veterinarias en toda la Isla, farmacias para surtirlas, ni refugios suficientes

Zoonosis permite la entrada a sus instalaciones para la adopción de animales

Cuba todavía carece una Ley de Protección Animal (Periódico Cubano)

A pesar de que las autoridades aprobaron la creación de un Decreto-Ley por el Bienestar Animal desde la semana pasada, a más de 10 días de la resolución, la misma sigue sin ser publicada en la Gaceta Oficial de Cuba.

En la página del Ministerio de la Agricultura (Minag) tampoco aparece información concreta sobre la nueva legislación, como tampoco en los medios de prensa oficialistas.

El animalista Dennis Valdés Pilar denunció a través de Facebook esta situación, expresando su sospechas por la falta de cumplimiento de las autoridades.

“La aprobación del Decreto-Ley de Bienestar Animal fue solo un anuncio, otro discurso vacío. Necesitamos ver qué hay escrito, no lo demoren más. Recuérdenle al Ministerio de la Agricultura de Cuba que esta ‘victoria’ no les pertenece a ellos. Todo comenzó gracias a los activistas animalistas”, indicó en una publicación la semana pasada.

De acuerdo con un reporte de Diario de Cuba, en el que consultó a abogados sobre las posibles razones que podrían estar impidiendo la publicación de la nueva ley, esto podría deberse principalmente a la falta de preparación del gobierno.

Los juristas coinciden en que el gobierno cubano está tratando de “ganar tiempo” para hacer los arreglos necesarios que implican la creación de una norma como la animalista, pues implica recursos estatales, tanto económicos como humanos, que las autoridades no habían contemplado, así como un considerable ajuste de organización.

Los abogados indicaron también que es posible que el Estado esté planeando como tomar crédito por los avances generados por la nueva ley, aunque en realidad se trató de un avance de la ciudadanía al que las propias autoridades se negaron por años.

Entre esto señalan “universalizar los servicios de medicina veterinaria en todo el país, porque 54 municipios no cuentan con ellos; aglutinar el capital humano de médicos veterinarios en el sector estatal, ya que solo se permite el ejercicio privado de la medicina veterinaria para ‘animales afectivos’, y definir cómo atender con alimentos, medicinas y recursos, los refugios de animales de animalistas independientes que exigen del Estado una adecuada atención”.

Cada punto de la nueva ley requiere de infraestructura e instituciones que lleven a su cumplimiento –o al intento del mismo –como las clínicas veterinarias para garantizar la atención, los refugios adecuados e incluso los comercios que proveerán las medicinas necesarias.

“Crear la red de farmacias que abastezca en divisas y moneda nacional los insumos médicos de atención animal e intentar integrar a los animalistas independientes a la oficialista Asociación Cubana para la Protección de Animales y Plantas (Aniplant), única y creada bajo intereses del Estado”, agregan.

El presidente de Bienestar Animal, Javier Larrea, señaló que el gobierno de Santa Clara, capital de la provincia de Villa Clara, es el único con el que ha habido un acercamiento a ese respecto.

En la ciudad cabecera se llegó a un acuerdo para poder comprar semanalmente una cantidad de comida para los refugios.

En opinión de los juristas, el gobierno intenta distraer a los ciudadanos con los artículos publicados en la prensa oficialista y los dos programas dedicado al Decreto-Ley de Bienestar Animal emitidos por la televisión: Hacemos Cuba y una Mesa Redonda.

“En ninguna intervención se hizo referencia al número del Decreto-Ley, colocándose justificaciones como que el texto supuestamente aprobado el 26 de febrero está en fase de comunicación y publicación en manos del Ministerio de Justicia”, indicaron.

Hasta la publicación del Decreto-Ley en la Gaceta Oficial de Cuba, cualquier cargo que se intente presentar contra una persona u organización relacionado al tema no tiene ninguna validez legal.

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