Un tribunal federal de Massachusetts prorrogó hasta el 4 de diciembre de 2026 el bloqueo de una norma que daba a los refugiados diez días para defender su estatus migratorio en caso de querer apelar a una decisión negativa por parte de un juez. Con esto, la decisión mantiene el plazo de 30 días mientras la corte examina la impugnación contra la medida, dando un ligero respiro a aquellos que pudieron verse afectados.
Según la orden judicial del caso PANA v. Edlow, el juez Myong J. Joun extendió las restricciones impuestas el 27 de octubre por la jueza Julia E. Kobick. La protección es temporal y no constituye una resolución definitiva sobre la legalidad del reglamento.
Qué protege la suspensión del plazo de diez días
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) tienen prohibido aplicar el período reducido para responder a una Notificación de Intención de Terminación del estatus de refugiado, conocida como NOIT.
La orden también protege a quienes recibieron avisos entre el 14 y el 27 de octubre que exigían contestar en menos de 30 días. Mientras siga vigente, esas personas no están obligadas a responder a dichas notificaciones y las autoridades no pueden retirarles el estatus por esa falta de respuesta.
El cambio reglamentario entró en vigor el 14 de octubre, sin una consulta pública previa. DHS argumentó que acelerar el procedimiento permitiría combatir el fraude y atender riesgos de seguridad. El período para recibir comentarios posteriores a su publicación concluye el 13 de noviembre.
¿Cuáles refugiados cubanos están afectados?
La distinción decisiva es la categoría migratoria. La disposición alcanza a personas admitidas como refugiadas mediante el Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos (USRAP) que todavía no han obtenido la residencia permanente.
Por tanto, los cubanos que conservan esa condición deben prestar atención al proceso. Tener parole, solicitar asilo o portar un formulario I-220A no equivale a haber ingresado mediante USRAP.
El Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados (IRAP), que representa a los demandantes, recoge una estimación gubernamental de más de 186.000 refugiados potencialmente sujetos al reglamento. La organización advierte que perder el estatus puede exponerlos a separación familiar y expulsión hacia países donde temen persecución.
La residencia continúa bloqueada para otros solicitantes
La demanda, presentada por seis organizaciones y cuatro refugiados, cuestiona además la paralización de solicitudes de residencia y la revisión de expedientes. La suspensión del plazo de diez días no levanta esas otras medidas.
El Gobierno tiene hasta el 13 de noviembre para oponerse a una suspensión más prolongada. Los demandantes podrán responder hasta el día 20 y la audiencia será el 24 de noviembre. Sin otra decisión judicial, el bloqueo vencerá al finalizar el 4 de diciembre.
