Los acuerdos migratorios Cuba-EEUU y las deportaciones

El pasado 12 de enero fue firmada entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos una Declaración Conjunta, que contempla las nuevas regulaciones migratorias establecidas por el gobierno del expresidente Obama.

La Declaración Conjunta, que entró en vigor ese mismo día, una de sus partes más conocidas es la relativa a la derogación de la política de “pies secos-pies mojados”, y que garantiza de manera inmediata a todos los cubanos que arriban a territorio de los Estados Unidos, recibir un parole, ayuda inmediata y acogerse a la Ley de Ajuste Cubano para al año y un día aplicar para adquirir la residencia.

Dicha derogación dejó en el limbo a cientos de cubanos por diferentes partes del mundo que se encontraban en camino hacia los Estados Unidos y que al día de hoy solo tienen la opción de aplicar a asilo político al poder demostrarlo ante las autoridades migratorias, que corre peligro su vida de regresar a Cuba, o regresar a la isla de manera voluntaria.

Muchos de esos cubanos, se encuentran regularizando su situación migratoria en los diferentes países, con la clara intención de no retornar a la isla y poder establecerse de manera inmediata y legal, ante el tiempo que ya ha transcurrido y la no esperada reacción de las nuevas autoridades estadounidense.

La otra parte y que más preocupa en este caso a los cubanos ya radicados en los Estados Unidos, es lo relativo a las deportaciones a Cuba.

Hay que recordar que en fecha 14 de diciembre de 1984, en comunicado conjunto entre ambos países, se acordó que Cuba recibiría 2 mil 746 cubanos que habían “emigraron· a través del Puerto de Mariel en el año 1980 y que habían sido declarados no elegibles para permanecer en el territorio estadounidense, a los cuales se les conoce como los “excluibles”.

Sin embargo, de esos 2 mil 746 hay un grupo de cubanos que no han podido ser retornados a la isla, en algunos casos porque son personas que han fallecido y otros porque ya no viven en los Estados Unidos.

La Declaración Conjunta actual dice en una de sus partes que las autoridades cubanas evaluarán y decidirán el retorno o no de algunos casos de ciudadanos que, antes de la entrada en vigor de este acuerdo migratorio del 12 de enero, hayan sido declarados por las autoridades estadounidenses como no elegibles para permanecer en su territorio.

Y se acordó que las autoridades estadounidenses propusieron la sustitución de algunos de esos nombres, ya acordados, pero no devueltos al territorio cubano, por otros cubanos, siempre que cumplan las mismas condiciones por las cuales fueron elegidos aquellos 2 mil 746: tienen que haber “emigrado” por el Puerto de Mariel en 1980 y haber sido declarados no elegibles por el gobierno de los Estados Unidos, en aquella época.

Por lo que se trataría de un grupo reducido de cubanos y para ello las autoridades estadounidenses deberán presentar la propuesta y las autoridades cubanas tienen la potestad de aceptar o no el cambio de nombre, al verificar que cumplan los requisitos acordados.

Si todo funciona, así como está escrito, poco serán los cubanos deportados hacia la isla, de la cifra total de 35 mil 525 cubanos con orden de deportación en los Estados Unidos.

También cabe esperar como quedará finalmente la política hacia Cuba con la actual administración de Donald Trump, de lo cual solo se conoce que está en una revisión integral; que el presidente tiene puntos de contactos con lo que piensa Marco Rubio de lo que se debería hacer y más reciente las declaraciones de Rick Scott, Gobernador del Estado de la Florida que acaba de decir que está en la disposición de ayudar al presidente Trump,a desmontar toda la política establecida por Obama respecto a Cuba.

Solo queda esperar.