Estados Unidos intensificó este jueves su campaña contra las misiones médicas cubanas al sancionar a dos de sus principales responsables y a las entidades estatales encargadas de contratar, controlar y comercializar el trabajo de los profesionales enviados al extranjero.
Las nuevas sanciones anunciadas por el secretario de Estado, Marco Rubio, golpean directamente una de las fuentes de divisas más importantes del régimen de La Habana.
Las designaciones alcanzaron al ministro cubano de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda; a Gretza Sánchez Padrón, directora de la Unidad Central de Cooperación Médica (UCCM); a esa institución y a la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S.A. (CSMC).
Los cuatro objetivos forman parte del núcleo administrativo y financiero del programa de brigadas sanitarias internacionales.
Aunque el paquete anunciado por Washington comprende nueve entidades y dos funcionarios vinculados también con el petróleo, las finanzas, el transporte marítimo y el puerto del Mariel, la inclusión simultánea de los principales operadores de las misiones médicas marca una nueva fase de la presión estadounidense en contra de la práctica que ha sido calificada como una forma de esclavitud moderna.
En términos políticos y financieros, la Administración de Donald J. Trump prácticamente ha declarado una guerra contra este modelo de exportación de servicios.
The Cuban Communist regime continues to exploit its people and serve as the leading sponsor of radical leftism and political violence in our hemisphere. Today, I designated nine entities and two individuals associated with the dictatorship, including four malign actors profiting…
— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 23, 2026
¿Quiénes se ven afectados por las sanciones?
Washington ya no limita sus acciones a denunciar las condiciones impuestas a los trabajadores o a presionar a los gobiernos que contratan médicos cubanos. Ahora busca bloquear a quienes dirigen el programa y dificultar sus operaciones dentro del sistema bancario internacional.
La OFAC incorporó a Portal Miranda y Sánchez Padrón a la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, conocida como SDN. También añadió a la CSMC, constituida en 2011 para comercializar los servicios médicos en otros países, y a la UCCM, creada en 1984 para organizar y supervisar el despliegue del personal sanitario.
Portal Miranda fue señalado por supervisar las instituciones responsables de administrar las misiones. Sánchez Padrón, por su parte, dirige la estructura que recluta, asigna y controla a los profesionales enviados fuera de Cuba. Su sanción personal busca establecer responsabilidades más allá de las empresas y organismos estatales.
Un golpe a los bolsillos del régimen
Las brigadas médicas se convirtieron durante las últimas décadas en uno de los principales negocios internacionales de La Habana, con ingresos que llegaron a superar los obtenidos mediante el turismo y las exportaciones tradicionales.
El Gobierno cubano negocia los contratos con otros Estados, cobra por los servicios y entrega a los médicos solo una parte del dinero pagado por su trabajo.
En ese sentido, la ofensiva de EEUU busca limitar los ingresos del gobierno castrista, especialmente en un periodo marcado por la salida de hoteleras y una baja en el número de turistas que llegan al país.
¿Misiones médicas o esclavitud moderna?
Estados Unidos sostiene que ese sistema incluye retención de salarios, vigilancia, restricciones de movimiento, separación familiar y amenazas contra quienes abandonan los programas.
El secretario de Estado, Marco Rubio, ha calificado el mecanismo como una modalidad de tráfico laboral porque, según afirmó, la mayor parte de los fondos queda en manos del régimen y no llega a los profesionales.
The U.S. is serious about its efforts to promote accountability for those linked to the forced labor and exploitation of Cuban medical workers. Visiting the U.S. with a visa is a privilege. @StateDept took steps to impose visa restrictions on Central American government officials… https://t.co/xcGaen20EO
— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) June 3, 2025
Informes y testimonios de antiguos participantes han descrito limitaciones para viajar, controles sobre las relaciones personales y sanciones para quienes deciden no regresar a Cuba. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha examinado alegaciones relacionadas con trabajo forzoso, represalias y violaciones de derechos laborales.
La Habana rechaza esas acusaciones y presenta el programa como una expresión de solidaridad internacional que permite llevar asistencia sanitaria a comunidades con escasez de personal.
También sostiene que la presión estadounidense busca eliminar una fuente esencial de ingresos y dejar sin atención médica a poblaciones vulnerables.
Sin embargo, las sanciones anunciadas este jueves no están dirigidas individualmente contra los médicos, sino contra las instituciones y funcionarios que administran los contratos y controlan los pagos. El objetivo declarado por Washington es impedir que el régimen utilice a los trabajadores sanitarios como una mercancía para obtener recursos financieros.
¿Cómo afectarán las sanciones?
El impacto puede extenderse fuera del territorio estadounidense. Bancos, aseguradoras, intermediarios financieros y gobiernos extranjeros suelen evitar relaciones con personas o entidades sancionadas para reducir el riesgo de quedar expuestos a penalidades o restricciones de acceso al sistema financiero de Estados Unidos.
El resto del paquete incluyó al Centro de Investigaciones del Petróleo S.A., Empresa de Energía S.A., Einarbo S.A., Orbit S.A., Coral Marítima S.A., Ceiba Investments Limited y la Terminal de Contenedores de Mariel S.A.
Las designaciones muestran que Washington pretende cerrar simultáneamente varias vías utilizadas por el régimen para captar divisas, mover fondos y sostener sus sectores estratégicos.
