El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, defendió este miércoles ante la Asamblea Nacional del Poder Popular el paquete de reformas económicas impulsado por el régimen y aseguró con énfasis que los cambios no representan un abandono del modelo socialista.
Durante su intervención, insistió en que el Gobierno mantiene intacta su orientación política, pese a la adopción de medidas que amplían el espacio para la iniciativa privada y el mercado.
Marrero afirmó que las transformaciones buscan fortalecer el sistema económico del país y reiteró que el Estado continuará defendiendo el socialismo.
“Ratificamos que no nos estamos desviando de nuestro modelo socialista, por el contrario, lo defenderemos y se adoptan las decisiones necesarias para su consolidación. Lo hacemos sin detenernos y dispuestos a impulsar el profundo proceso de transformaciones económicas y sociales”, sentenció Marrero.
Para respaldar ese mensaje, recurrió a citas de Fidel Castro y concluyó su discurso con consignas habituales de la dirigencia cubana, en un momento en que el Gobierno intenta transmitir que conserva el control político mientras introduce cambios inéditos en la economía.
Las declaraciones se producen después de que la Asamblea Nacional aprobara en junio un paquete de 176 medidas económicas y sociales, considerado por las propias autoridades como la mayor reestructuración del modelo económico en varias décadas.
Entre las decisiones ya aprobadas figuran la autorización de casas de cambio privadas y servicios bancarios privados, la eliminación del límite de 100 trabajadores para las micro, pequeñas y medianas empresas, la posibilidad de que una misma persona sea propietaria de varias compañías y la apertura a franquicias extranjeras.
También está la conversión de empresas estatales en sociedades mercantiles por acciones, y se anunció apenas que la primera casa de cambio privada del país ya se encuentra lista para iniciar operaciones como proyecto piloto.
El jefe de Gobierno indicó que 110 de las 121 medidas previstas para junio y julio ya fueron aprobadas, mientras otras cinco continúan en proceso de implementación.
También confirmó una reducción de la estructura estatal, que pasará de 27 a 21 ministerios, la eliminación de 92.000 plazas administrativas en organismos públicos y un incremento del salario mínimo para trabajadores del sector presupuestado.
Estas reformas representan un cambio significativo respecto al modelo económico que el régimen defendió durante décadas, y el propio dirigente Miguel Díaz-Canel reconoció que aunque la cúpula gobernante sabía que podía mejorar la situación del país, las retrasaron por miedo a perder el control político cediendo el económico.
Aunque las autoridades continúan calificando el sistema como socialista, varias de las nuevas disposiciones incorporan mecanismos propios de economías de mercado que anteriormente eran rechazados por el discurso oficial.
El medio también ha señalado que la insistencia de los dirigentes en recalcar el carácter socialista de la Isla responde al interés de preservar la imagen de que el Partido Comunista mantiene el control absoluto del proceso político y económico.
En un contexto de crisis, reconocer una apertura más amplia al mercado podría interpretarse como una renuncia al modelo que el propio régimen ha defendido desde 1959, algo que la dirigencia intenta evitar para no proyectar una imagen de debilidad o pérdida de control.
Las reformas llegan mientras Cuba enfrenta una de las peores crisis de su historia reciente, con apagones, la escasez de alimentos y medicamentos, la inflación, el desplome de la producción nacional y la salida masiva de ciudadanos hacia el extranjero.
Diversos economistas consideran que la apertura al sector privado responde a la necesidad de generar actividad económica y captar inversiones, aunque advierten que los cambios podrían resultar insuficientes si no van acompañados de reformas políticas e institucionales más profundas.
Mientras el Gobierno insiste en que el socialismo continúa siendo la base del sistema cubano, las nuevas medidas muestran un giro hacia mecanismos de mercado que durante años fueron objeto de fuertes críticas por parte de la propia dirigencia.
El contraste entre ese discurso y las decisiones económicas refleja el desafío que enfrenta el régimen para intentar aliviar la crisis sin dar la impresión de que ha perdido el control del rumbo político del país.
