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Más de 30 detenidos tras fiscalización en tiendas de materiales de la construcción

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Más de 30 detenidos tras fiscalización en tiendas de materiales de la construcción

Una acción ejecutada por órdenes del Partido Comunista de La Habana y el Gobierno, con el apoyo de la Fiscalía General y cuerpos de inspectores

La fiscalización de cuatro tiendas de materiales de la construcción en el municipio de La Lisa, dejó un saldo total de 36 ciudadanos detenidos, entre ellos tres administradores.

Ejecutada por órdenes del Partido Comunista de la capital y el Gobierno, con el apoyo de la Fiscalía General y cuerpos de inspectores, «la acción respondió a planteamientos realizados por la población en torno a violaciones de las políticas de protección al consumidor y la venta de los renglones más demandados», según recogió el sitio oficial Cubadebate.

La auditoría comprobó que de los 54 trabajadores de estos comercios, 25 tienen antecedentes penales y de ellos, tres manejan recursos. Además sacó a la luz un «faltante de 72.000 pesos cubanos» en «lozas de techos, latiguillos, tomacorrientes, interruptores y artículos de plomería».

El citado medio dijo que la inspección también comprobó que en una de las tiendas, ubicada en Arroyo Arenas, existían vales falsos, se comercializaban productos que abastecían ilegalmente a trabajadores por cuenta propia y la administración llevaba una doble contabilidad.

También se detectó en uno de estos locales de materiales especiales para personas subsidiadas, artículos que no se exhibían, entre ellos 128 cubetas de pintura ya en mal estado y no aptas para la venta.

En el comercio de materiales de Punta Brava «se evidenciaron violaciones en el ordenamiento de productos y en la tienda situada en calle 170 e/ 51 y 61, existían dos locales aledaños donde individuos ofertaban los mismos materiales que los clientes no encontraban en dicho establecimiento.

El reporte apunta que de los 36 ciudadanos detenidos, 20 se encontraban en los alrededores del lugar en presuntos hechos de reventa.

Según precisó Cubadebate, los administradores Lucía Fernández Gutiérrez, Moisés Michel Blanco Pérez y Pedro Lázaro Elizarde Pereda serán juzgados «con mayor responsabilidad».

La mayor parte de los mercados en Cuba pertenecen al Estado, y la economía está controlada. El desabastecimiento es una situación crónica propensa a las ilegalidades. Los cubanos buscan en el mercado negro, los productos que no encuentran en los establecimientos estatales y los pocos negocios privados con permisos. La población beneficiada con subsidios se queja con frecuencia de la escasez de materiales de la construcción que enfrentan los establecimientos estatales.

 

 

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