La Oficina del Recaudador de Impuestos de Miami-Dade canceló 5.656 permisos de estacionamiento para personas con discapacidad después de examinar cerca de 42.000 solicitudes.
La revisión, iniciada en diciembre de 2025, busca retirar credenciales inválidas o fraudulentas y garantizar que los espacios reservados puedan ser utilizados por residentes que realmente los necesitan.
Las anulaciones representan alrededor del 14 % de los expedientes evaluados, según cifras divulgadas por Telemundo 51.
El recaudador de impuestos del condado, Dariel Fernández, encabeza una auditoría que incluye permisos temporales y permanentes expedidos durante los últimos 24 meses.
“Después de revisar casi 42.000 permisos, una cosa está clara: este sistema necesitaba una limpieza profunda. Cancelar 5.656 permisos no es un simple trámite administrativo. Significa sacar de circulación miles de permisos que no debían haber permanecido activos”, declaró Fernández.
Permisos relacionados con fallecidos y posibles fraudes
Los inspectores encontraron autorizaciones vinculadas a personas fallecidas, documentos incompletos, formularios tramitados de manera incorrecta y solicitudes bajo sospecha de fraude. Las autoridades también identificaron otras inconsistencias que impiden mantener vigentes las credenciales.
El número de cancelaciones aumentó a medida que avanzó la pesquisa. En marzo, tras verificar 27.000 solicitudes, habían sido invalidados poco más de 1.400 permisos. Un mes después, la cifra superó los 2.000, con más de 33.000 expedientes analizados.
Al cierre de mayo, las revocaciones ascendían a 4.707. Durante esta semana de junio, el balance llegó a 5.656. La proporción de documentos retirados pasó del 5,2 % en marzo al 11,5 % en mayo y alcanzó el 14 % en junio.
“Esta auditoría busca proteger a esos residentes, fortalecer la integridad del sistema y garantizar que estos permisos estén reservados para las personas a las que fueron destinados”, afirmó el funcionario.
Casos podrían terminar en procesos penales
Los expedientes con indicios de engaño pueden ser enviados a la Oficina del Sheriff de Miami-Dade para una investigación penal. La revisión se desarrolla junto con esa agencia y la Fiscalía del condado, encabezada por Katherine Fernández Rundle.
La legislación de Florida considera delito menor de primer grado entregar datos falsos para conseguir un permiso de discapacidad. Una condena puede implicar hasta un año de cárcel, una multa de $1.000 o ambas sanciones.
Las autoridades ya habían detectado operaciones ilegales relacionadas con estas credenciales. En septiembre de 2022, una mujer de 26 años fue procesada por supuestamente vender, a $200 cada una, solicitudes que contenían firmas médicas falsificadas.
Otro estudio realizado en Miracle Mile, Coral Gables, halló que el 30 % de los vehículos observados durante una jornada mostraba permisos de discapacidad, una proporción considerada inusual.
“Los residentes merecen un sistema que sea justo, preciso y que esté debidamente supervisado”, concluyó Fernández. La oficina advirtió que la depuración continuará.
