La minera canadiense Sherritt International Corp. suspendió de inmediato su participación directa en empresas conjuntas en Cuba, tras la ampliación de sanciones firmada por Donald Trump el 1 de mayo contra sectores claves del régimen cubano.
Según Bloomberg, la decisión afecta operaciones de minería, energía y negocios asociados en la Isla, y llega en medio de una crisis marcada por apagones, escasez de combustible y deterioro económico.
La compañía, considerada durante décadas uno de los mayores inversionistas extranjeros en Cuba, informó que comenzó a repatriar a sus empleados expatriados y solicitó a sus socios cubanos retirar de Canadá al personal enviado a ese país.
Sherritt aclaró que sus actividades de refinación en Fort Saskatchewan, Alberta, no tienen por ahora un impacto inmediato.
La salida aparece como uno de los primeros efectos visibles de la nueva ofensiva de Washington contra La Habana. Aunque Sherritt no ha sido designada formalmente bajo la orden ejecutiva, la empresa reconoció que la sola emisión de la medida cambia de forma material sus condiciones normales de operación.
La orden ejecutiva firmada por Trump amplía las sanciones contra funcionarios, entidades y actores vinculados con corrupción, violaciones de derechos humanos o negocios en áreas estratégicas del Estado cubano.
La disposición incluye energía, defensa, minería, servicios financieros y seguridad, sectores controlados o vigilados por el aparato político y militar de la dictadura comunista.
Las medidas también advierten sobre posibles consecuencias para bancos y empresas extranjeras que mantengan negocios con entidades cubanas sancionadas. En la práctica, ese riesgo puede alejar a inversionistas que dependen de acceso al sistema financiero o al mercado de Estados Unidos, incluso si no tienen operaciones directas en territorio estadounidense.
Sherritt ya había advertido en febrero que sus operaciones en Cuba enfrentaban riesgos por la falta de combustible. Esa situación se agravó después de que Washington impusiera un bloqueo de facto al suministro petrolero hacia la Isla, en una estrategia que busca reducir los ingresos y la capacidad operativa del régimen.
La minera canadiense opera en Cuba desde la década de 1990. Su principal proyecto es la Moa Joint Venture, una sociedad creada en 1994 junto a la estatal General Nickel Company S.A. En esa empresa mixta, Sherritt posee una participación del 50% y participa en la extracción, procesamiento y refinación de níquel y cobalto.
El complejo incluye una mina a cielo abierto y una planta de procesamiento en Moa, en el oriente cubano, además de instalaciones de refinación en Alberta.
Estos minerales tienen valor para industrias globales, aunque la capacidad anual combinada del proyecto, estimada en 38.200 toneladas métricas, representa una fracción menor del suministro mundial de níquel.
La empresa también tiene presencia en el sector energético cubano mediante una participación en Energas S.A. Por ello, la suspensión no solo afecta a la minería, sino a una estructura de negocios que durante años ofreció al régimen una fuente de divisas y una vitrina para presentar a Cuba como destino de inversión extranjera.
El impacto financiero sobre Sherritt fue inmediato. Sus acciones cayeron cerca de 26% en las primeras operaciones en Toronto tras conocerse la noticia.
La compañía, que llegó a tener un valor de mercado próximo a los 4.800 millones de dólares en 2008, se ubica ahora alrededor de los 123 millones, con acciones cotizando por debajo de los 20 centavos canadienses.
La crisis también provocó movimientos internos. Tres directores de la compañía, Brian Imrie, Richard Moat y Brett Richards, renunciaron al consejo de administración con efecto inmediato.
Sherritt tenía previsto presentar resultados financieros el 12 de mayo y había indicado que consultaba con asesores y partes interesadas para medir el alcance de las nuevas sanciones.
El caso revive además antiguos litigios por propiedades nacionalizadas tras 1959. Una reclamación contra la mina de Sherritt en el este de Cuba figura entre los expedientes certificados por el Gobierno de Estados Unidos. Ese activo pertenecía a una subsidiaria de lo que hoy es Freeport-McMoRan y fue valorado en más de 88 millones de dólares antes de intereses.
Para La Habana, la retirada de Sherritt representa otro golpe en medio de una crisis estructural que el gobierno comunista no ha logrado resolver. La pérdida afecta la minería, la energía y la credibilidad del país como plaza para inversiones extranjeras. Sin embargo, los chinos podrían llegar a Moa.
También muestra que la presión estadounidense puede alcanzar a socios históricos no estadounidenses y profundizar el aislamiento económico del régimen.
