Fuerzas del Ministerio del Interior (MININT) procesan a un ciudadano en Unión de Reyes, Matanzas, después de encontrar en su vivienda 74 renglones de medicamentos que presuntamente comercializaba de manera ilegal, en un caso que vuelve a poner en primer plano una contradicción del sistema sanitario cubano.
Si bien el Estado persigue parte del mercado informal surgido alrededor de los fármacos, ya reconoce oficialmente su incapacidad para abastecer las farmacias públicas con la autorización de la apertura a negocios privados del sector.
El operativo fue divulgado por Radio Unión Matanzas, que informó que el sospechoso está acusado de especulación y acaparamiento. Sin embargo, el reporte oficialista no afirma que los medicamentos hayan sido robados al Estado, desviados de hospitales o sustraídos de farmacias públicas.
Tampoco explica cómo fueron adquiridos, cuáles eran todos los productos decomisados ni cuántas unidades había de cada uno. Ese detalle resulta relevante porque una parte de los medicamentos que circulan en el mercado informal cubano procede de envíos, viajeros e importaciones particulares, además de existir casos documentados de desvíos desde instituciones estatales.
Reporte oficial no demuestra que los medicamentos fueran robados
Según el teniente coronel Yasiel Prado Valdés, delegado del MININT en Unión de Reyes, la operación comenzó después de reiteradas denuncias de vecinos sobre la venta de medicinas a precios considerados abusivos.
Durante el registro de la vivienda fueron ocupados 74 renglones de medicamentos y otros bienes que las autoridades calificaron como de “procedencia dudosa”. La información difundida no precisa qué pruebas existen sobre el origen ilícito de los fármacos más allá de la acusación de que eran acaparados y revendidos.
La distinción no es menor en un país donde el desabastecimiento obliga a numerosos pacientes a buscar medicinas fuera de los canales oficiales. En mayo, datos oficiales reflejaban la ausencia del 95,1 % de los medicamentos básicos utilizados para medir precios, un indicador del profundo deterioro del abastecimiento sanitario.
La persecución de vendedores informales ya ha provocado polémicas similares. En junio, dos mujeres fueron detenidas en Holguín por presunta venta ilegal de medicamentos, mientras numerosos usuarios cuestionaron el operativo debido a que esos productos resultaban difíciles de encontrar en las farmacias estatales.
Cuba abre farmacias privadas tras años de desabastecimiento
El caso de Unión de Reyes coincide, además, con un cambio significativo en la política económica del Gobierno. En julio de 2026, Cuba autorizó a actores no estatales a gestionar determinados servicios farmacéuticos, aunque bajo licencias, restricciones y supervisión del Ministerio de Salud Pública.
La decisión supone una flexibilización importante después de décadas en las que la comercialización legal de medicamentos estuvo prácticamente monopolizada por el Estado. El Gobierno ha presentado las nuevas formas de gestión como un complemento al sistema público, pero la apertura ocurre precisamente cuando ese sistema no consigue garantizar un suministro regular a la población.
En septiembre, el Ministerio de Salud Pública reconoció que evaluaba 36 proyectos de farmacias bajo gestión no estatal, con varias propuestas en diferentes etapas de autorización.
La nueva política tampoco garantiza que los medicamentos sean accesibles para la mayoría. Una experiencia presentada como gestión privada en Regla mostró productos ausentes durante meses de la red pública, pero posteriormente los elevados precios de los fármacos disponibles generaron críticas entre consumidores cuyos salarios y pensiones no permiten asumir fácilmente esos costos.
Estado incorporará los medicamentos decomisados a su propia red
Tras el registro en Unión de Reyes, especialistas sanitarios inspeccionaron los productos y las autoridades anunciaron que serán incorporados al sistema público de salud. El reporte de Radio Unión Matanzas no explica el procedimiento jurídico mediante el cual esos bienes pasarán a la red estatal mientras el acusado todavía se encuentra bajo medida cautelar y no se ha informado de una sentencia definitiva.
Raidel Sotes Carrera, director general de Salud en Unión de Reyes, aseguró que entre lo decomisado existen antibióticos y medicamentos ginecoobstétricos. Los productos serán destinados a cuerpos de guardia, casas de abuelos, pacientes vulnerables y al Programa Materno Infantil (PAMI).
Que un cargamento ocupado a un particular pueda utilizarse de inmediato para cubrir faltantes en servicios públicos evidencia también la gravedad del desabastecimiento que atraviesan esas instituciones.
Por ahora, las autoridades no han identificado al imputado, no han especificado la medida cautelar aplicada ni han aclarado de dónde procedían los medicamentos. El expediente deberá pasar por la Fiscalía y los tribunales, donde corresponderá determinar la responsabilidad penal del acusado y el origen de los productos encontrados.
