El Ministro del Transporte de Cuba, Eduardo Rodríguez Dávila, reconoció en una publicación en su perfil de Facebook que arrendar ómnibus del Estado al sector privado no ha solucionado el problema del transporte en la Isla, ya que actualmente solo funcionan bajo esa modalidad el 70% del total.
“Al cierre de junio de 2024, se habían arrendado 750 ómnibus y 106 semiómnibus en el país, de los cuales ya estaban operativos 551 (el 73.5%) y 49 (el 46.2%), respectivamente”, destacó el funcionario.
Para el Ministerio del Transporte, el arrendamiento de vehículos para el traslado masivo de pasajeros ha traído varios inconvenientes. Según Rodríguez Dávila, hay desorganización, acceso irregular a combustibles y otros materiales, falta de disciplina y, en muchos casos, una desregulación de los precios.
En esa misma modalidad y con sus especificidades, prestan servicios las gazelles, los triciclos eléctricos y los taxis. En estas actividades también persisten irregularidades. El Estado decidió adoptar este esquema porque su parque de vehículos estaba en mal estado y requería inversiones para su recuperación. Sin embargo, el sector privado, limitado por las trabas del régimen y sumido en una enorme crisis económica, no ha podido restaurar los ómnibus que ya se le habían arrendado en mal estado.
Como muestra de las diferencias económicas entre las provincias cubanas, el ministro ofreció datos impactantes. Por ejemplo, solo cuatro territorios acaparan el 61.5% de los vehículos arrendados por el Estado al sector privado. Estas son: Santiago de Cuba (302), Holguín (289), Granma (223) y Guantánamo (129). En otros territorios, la incidencia es baja: Isla de la Juventud (1), Sancti Spíritus (9), Mayabeque (15) y Artemisa (17).
De acuerdo con Rodríguez Dávila, es responsabilidad del Ministerio “resolver estas irregularidades”, por lo cual “próximamente volveremos con las acciones que estamos desarrollando y las que nos proponemos implementar para poner orden en esta importante alternativa en estos tiempos”.
Queda por ver si el Estado dará marcha atrás en la iniciativa de arrendamiento en medio de una crisis del transporte público, que muchos cubanos señalan como peor que en el Período Especial de los años 90.
La población cubana ha expresado diversas opiniones sobre la problemática del arrendamiento de ómnibus estatales al sector privado. Por un lado, algunos como Navi García Smith critican la falta de acciones en otras modalidades de transporte, como el marítimo, especialmente en Cienfuegos, donde los barcos arrendados se deterioran sin intervención del Estado.
Enrique Estrada-Pato se enfoca en el aumento desmedido de los precios, cuestionando cómo un pasaje estatal puede costar 255 pesos, mientras que uno privado alcanza hasta 6,500 pesos, criticando la explotación de recursos públicos para beneficio privado. Amado Chávez Sotto ve en esta modalidad una solución parcial para la falta de transporte, reconociendo las mejoras que ha traído a ciertos territorios, aunque también lamenta los altos precios.
Por su parte, William Sosa sugiere la incorporación de estos ómnibus a la aplicación “Viajando” para mejorar el control y reducir costos. Finalmente, Oscar Justiniano Nash señala que las provincias orientales han sido las más beneficiadas por este esquema, pero advierte sobre las posibles razones detrás de la concentración de recursos en estas áreas, como la falta de inversión estatal en el mantenimiento de los equipos.
