Misbel González sobre Carlos del Cid: «me agredió verbalmente»

Misbel González acompañada por su abogado. (Foto: Periódico Cubano)

La empresaria cubanamericana Misbel González ha ampliado la demanda o querella formal que desde junio presentó contra el Sr. Carlos del Cid, dueño de la compañía panameña CDC Travel Agent.

Según el material audiovisual y los documentos que de manera exclusiva recibió la redacción de Periódico Cubano, González, presidenta y dueña de ENVÍOS RUBY CORP, revendía los pasajes de la agencia CDC Travel a los familiares de los cubanos radicados en la Florida.

La denunciante declaró en el Formulario de Entrevista ante un Agente Investigador de la República de Panamá, cómo el Sr. Carlos del Cid contactó con ella mediante un amigo llamado Indo, «para que a través de mi compañía poder vender los boletos de avión que él estaba ofertando».

Por eso, dice haber realizado 21 envíos de dinero «mediante giros electrónicos a la cuenta de CDC TRAVEL que hacen un total de B/272,583.50» (unos 272 mil dólares al cambio actual).

De acuerdo con la querellante, del Cid dijo que «mandaría los boletos de avión después de haberle pagado el dinero de los pasajes», pero nunca los envió.

Por el contrario, «lo que él hacía era reprogramar los vuelos, pero al final todo era falso, porque mandaba los boletos y las personas llegaban al aeropuerto de La Habana, Cuba y no existía tal vuelo, las personas se quedaban en el lugar con más gastos [sic]», declaró.

Cuenta González que a finales de abril viajó a Panamá, con la intención de entrevistarse con el Sr. del Cid y conocer qué pasaría con sus pasajeros.

«(…) el señor Carlos del Cid me intimidó, me agredió verbalmente, me dijo que tenía contactos en el aeropuerto, que él iba a saber cada vez que yo venía a Panamá y todo esto a través de amenazas, intimidación, gritando y ofendiendo de una manera no correcta, me dijo palabras obscenas que no quiero repetir (…) [sic]».

Una semana después de que González presentara su demanda formal contra Carlos del Cid, “por la presunta comisión de un delito CONTRA EL PATRIMONIO ECONÓMICO, en la modalidad de ESTAFA, y el delito CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL, en la modalidad de LESIONES PSICOLÓGICAS”, estableciendo como compensación la suma de 1 millón 500 mil dólares, más costos y honorarios legales; los abogados de CDC Travel le contactaron para llegar a aun acuerdo, donde alegadamente iban a realizar dos transacciones bancarias con las cuales comenzarían a reintegrar el dinero de los pasajeros que no volaron.

Llegada las fechas acordadas, las transacciones no fueron recibidas por González.

La empresaria, con sede comercial en Opa Locka, Florida, también declaró que tan solo 14 pasajeros fueron reubicados y a otros 14 se les devolvió el dinero, menos de un 8%; quedando pendiente por devolvérsele “un aproximado de B/208,995.» (unos 209 mil dólares).

Los documentos del caso consultados por nuestra redacción recogen la declaración de González sobre cómo CDC Travel continúa vendiendo vuelos desde Cuba a Nicaragua para el mes de julio, y que contactan a los clientes «indicándoles que deben pagar B/1.700.00, (1.700 dólares) más si quieren volar».

«Me siento estafada y engañada» y «solicito que se me dé medidas de protección, ya que temo por mi vida, porque este señor [Carlos del Cid] me ha amenazado, me ha insultado, me ha gritado y temo que pueda perseguirme y hacerme algo”, termina diciendo González.

Respuesta del Sr. Carlos del Cid y CDC Travel Agent

Nuestro medio contactó vía email a CDC Travel y al señor Carlos del Cid para conocer su versión u opinión sobre los hechos. Hasta el momento, no hemos tenido una respuesta.

Nota aclaratoria: Periódico Cubano no tiene participación, intereses o partes que favorecer en la disputa anterior. El contenido del texto ha sido redactado a partir de la información recibida sobre el caso, citando textual y respetuosamente a las fuentes y con previo aviso a las partes involucradas. Periódico Cubano publica el contenido bajo los principios de «presunción de inocencia» de cada parte, dejando que corresponda a los tribunales o autoridades pertinentes juzgar la legalidad de los hechos y el dictamen final.