El conflicto judicial abierto en España por la llamada Ley de Nietos acaba de adquirir una dimensión especialmente relevante para los cubanos. La propia Abogacía del Estado ha advertido al Tribunal Supremo de que el Consulado General de España en La Habana difícilmente podrá revisar antes del plazo electoral los expedientes afectados por la reciente suspensión cautelar.
El dato aparece en el recurso presentado por los servicios jurídicos del Gobierno español para intentar que el Supremo levante las medidas adoptadas el pasado 10 de septiembre, según reveló este martes El Español.
La advertencia no significa que España vaya a cancelar nacionalidades ni que se hayan detenido los expedientes pendientes. El problema se concentra, por ahora, en el derecho al voto de determinados ciudadanos que ya obtuvieron la nacionalidad mediante la interpretación aplicada desde 2022 a la Ley de Memoria Democrática.
Como explicó anteriormente Periódico Cubano, la decisión del Supremo no anula las nacionalidades españolas ya concedidas ni paraliza los trámites de ciudadanía.
La Habana figura entre los consulados que no llegarían al plazo
El Supremo permitió mantener el derecho al voto a quienes puedan acreditar que su padre, madre, abuelo o abuela sufrió realmente exilio por las causas recogidas en la Ley de Memoria Democrática. Para ello, las oficinas consulares tendrían que revisar los expedientes y emitir las correspondientes certificaciones.
Ahí aparece el nuevo problema. Según el recurso de la Abogacía del Estado citado por El Español, los consulados de La Habana, Rosario, Buenos Aires, Ciudad de México, Caracas y Mendoza se encuentran entre aquellos donde “no parece factible” finalizar el análisis antes del 1 de enero de 2027.
Esa fecha resulta clave porque entonces se cierra el censo que será utilizado para las elecciones autonómicas españolas previstas para mayo de 2027.
El escrito del Gobierno menciona expresamente las dificultades estructurales derivadas del volumen de trabajo y otras circunstancias coyunturales como “cortes de luz, falta de combustible o efectos de desastres naturales”. La referencia tiene especial impacto en Cuba, donde los prolongados apagones y la crisis energética afectan regularmente al funcionamiento de instituciones y servicios.
La advertencia confirma además un problema que ya existía antes del litigio. El propio Consulado español había reconocido demoras extraordinarias en la tramitación de expedientes de nacionalidad en La Habana debido al enorme volumen acumulado.
Más de 168.000 nuevos españoles están afectados por la suspensión
La Abogacía del Estado calcula que 168.896 personas inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) están afectadas por la medida cautelar. De ellas, 142.739 se concentran únicamente en 16 oficinas consulares, equivalentes al 84,5% del total.
El Gobierno sostiene en su recurso que resulta desproporcionado suspender el sufragio de esos ciudadanos mientras sus nacionalidades continúan siendo plenamente válidas. El País informó que la Abogacía también argumenta que la participación electoral desde el exterior ha sido históricamente reducida y rechaza que el aumento del CERA constituya por sí mismo un riesgo para unas elecciones.
El Supremo, por su parte, justificó su actuación cautelar por el fuerte crecimiento del número de electores y por las dudas planteadas en los recursos de Vox e Iustitia Europa sobre la interpretación administrativa utilizada para conceder determinadas nacionalidades.
El punto discutido es una instrucción del Ministerio de Justicia que permitió presumir como exiliados a los españoles que salieron del país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, evitando que cada descendiente tuviera que demostrar individualmente las causas políticas, ideológicas, religiosas o relacionadas con la orientación o identidad sexual previstas en la ley.
Qué significa esta nueva batalla judicial para los cubanos
Para quienes todavía esperan cita, resolución o inscripción de su nacionalidad en Cuba, la controversia no supone actualmente el cierre del procedimiento. El Ministerio de Asuntos Exteriores mantiene que los expedientes iniciados dentro del plazo legal continúan su tramitación.
Los últimos datos oficiales disponibles, correspondientes al 31 de mayo de 2026, indican que las oficinas consulares españolas habían recibido 1.225.188 solicitudes bajo la Ley de Memoria Democrática, aprobado 571.761 expedientes y practicado 333.696 inscripciones.
La presión administrativa es particularmente importante en La Habana. España incluso ha recurrido a personal adicional para gestionar el volumen acumulado, una estructura que ya generó controversia por el contrato utilizado para incorporar trabajadores de la empresa estatal cubana Palco al Consulado.
La nueva advertencia de la Abogacía introduce ahora otra dificultad: además de resolver los cientos de miles de trámites acumulados, el Consulado podría tener que regresar sobre expedientes ya resueltos para determinar cuáles cumplen exactamente los criterios exigidos por el Supremo a efectos electorales.
El alto tribunal deberá decidir ahora si mantiene o modifica sus medidas cautelares mientras continúa estudiando el fondo del litigio. Hasta que exista una nueva resolución, la nacionalidad de los beneficiarios no ha sido anulada; lo que permanece temporalmente en disputa son determinados efectos electorales derivados de esas nacionalidades.
