El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) activó una nueva unidad dedicada a revisar los expedientes de miles de residentes permanentes legales en todo el país y deportar a quienes consideren necesarios.
Según el New York Times, al menos 50 titulares de la green card serían los primeros expulsados bajo este nuevo proceso que marca una ampliación de la ofensiva migratoria hacia personas que ya cuentan con estatus legal.
Los casos detectados hasta ahora representan una fracción menor del universo revisado. De acuerdo con la información citada, alrededor de 2.890 expedientes habían sido evaluados o seguían bajo revisión hasta el 7 de mayo.
En el 80% de esos casos, las autoridades concluyeron que no era necesaria “ninguna acción adicional”. Más de 500 titulares de residencia permanente continuaban pendientes de evaluación.
La iniciativa busca identificar a residentes permanentes que, según el gobierno, pudieron haber cometido fraude para obtener su estatus o representar una amenaza para la seguridad nacional.
Sin embargo, las cifras internas muestran que solo cerca del 2% de los expedientes revisados fueron considerados potencialmente deportables, un dato que ya genera cuestionamientos sobre el uso de recursos federales.
El programa confirma un giro relevante en la política migratoria. La ofensiva ya no se limita a personas sin estatus legal en EEUU. También alcanza a residentes permanentes, refugiados e incluso ciudadanos naturalizados, cuyos expedientes pueden ser reabiertos por las autoridades.
Zach Kahler, portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés), defendió el nuevo plan. Según dijo, la agencia está “evolucionando a través de reestructuraciones organizativas para proteger mejor a los ciudadanos estadounidenses y respaldar las prioridades” de su misión.
Kahler explicó que entre las personas sometidas a nueva revisión figuran residentes detenidos o condenados por delitos como agresión sexual, violencia doméstica, conducir bajo efectos del alcohol o drogas y posesión de parafernalia de drogas.
Asimismo, mencionó casos de personas señaladas por vínculos con organizaciones sospechosas de obtener información o tecnología controlada para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.
El portavoz añadió que algunos investigados habrían mentido para obtener la residencia permanente. Ese punto es clave, porque el fraude migratorio puede ser una base legal para iniciar procedimientos de deportación contra un portador de green card. No obstante, el bajo porcentaje de casos considerados accionables sugiere que la revisión abarca un grupo más amplio que el de personas condenadas por delitos graves o acusadas de fraude.
La unidad forma parte de una nueva estructura del USCIS denominada “División de Operaciones Tácticas”. Documentos revisados por The New York Times indican que esa división incluye áreas como “Operaciones LPR”, “Desnaturalización” y “Revisión de Refugiados”. LPR corresponde a legal permanent residents, es decir, residentes permanentes legales.
En un correo electrónico citado por el diario, Daniel Andrade, director de la división, describió el equipo dedicado a revisar residentes permanentes como un “aparato de expulsión de LPR”. Según los documentos, unos 40 funcionarios migratorios trabajan en la investigación de titulares de la tarjeta verde.
Los titulares de green card pueden ser deportados en ciertos casos. Entre las causales figuran condenas por delitos graves, tráfico de drogas, asesinato o haber obtenido el estatus mediante fraude.
Algunos delitos menores también pueden generar consecuencias migratorias, aunque no todos derivan automáticamente en expulsión. Una primera infracción por conducir bajo el efecto del alcohol, sin lesiones, generalmente no basta por sí sola para una deportación.
El proceso tampoco es inmediato. Un residente permanente suele tener derecho a comparecer ante un juez de inmigración, presentar defensa y disputar los argumentos del gobierno. La decisión final depende del expediente, los antecedentes, la categoría del delito y las protecciones legales disponibles.
