Un operativo del Ministerio del Interior (Minint) comenzó a investigar desde los últimos días denuncias públicas que se hicieron en medio de propaganda oficialista. Los señalamientos cuestionaban corrupción en la venta de combustible en algunos servicentros de La Habana.
La policía y el Departamento Técnico de Investigaciones (DTI) intervinieron varios servicentros de La Habana y se detuvo a 16 personas acusadas de vender turnos de manera ilegal y acaparar combustible para revenderlo en el mercado negro.
Los operativos se realizaron en municipios de Playa y Plaza, donde, según la información difundida, los implicados usaban incluso vehículos alquilados a Transtur para aparentar legalidad en medio de la escasez que golpea a la población.
Uno de los puntos intervenidos fue el servicentro de 44 y 33, en Playa, donde fueron arrestadas siete personas. En otro operativo, realizado en Línea entre E y F, en Plaza, hubo cinco detenidos y otras cuatro capturas en el mismo sitio por ofrecer turnos a vehículos de turismo a cambio de 20 dólares. A uno de los implicados le ocuparon 62.000 pesos cubanos y 20 dólares en efectivo.
De acuerdo con la nota divulgada, los llamados coleros no solo vendían posiciones en la fila. También acaparaban combustible para revenderlo a precios muy superiores a los establecidos oficialmente.
Para sostener esa operación, utilizaban autos de renta vinculados a Transtur. Esa práctica llevó a la entidad a aplicar controles internos, entre ellos la verificación del kilometraje y del consumo de combustible de esos vehículos.
Más denuncias de la población
La reacción inicial de vecinos de Playa y Plaza fue favorable a la intervención policial. Varios reconocieron la efectividad de los operativos y afirmaron que estas acciones muestran que no debe haber impunidad para quienes afectan el acceso del pueblo a un recurso básico.
Sin embargo, esa valoración positiva estuvo acompañada por una crítica constante: muchos consideran que la respuesta oficial llegó tarde y que el problema lleva años creciendo a plena vista.
Algunos usuarios celebraron la actuación de la Policía, pero otros se preguntaron si solo fueron detenidos los coleros o si también serán investigados quienes los abastecen, protegen o facilitan el negocio. Varias reacciones apuntaron a una trama más amplia, con posibles responsabilidades dentro de la cadena de distribución y control del combustible.
En ese sentido, uno de los señalamientos más repetidos fue contra CIMEX, la empresa estatal que tiene el monopolio de la distribución y venta de combustible minorista en el país.
Hubo quejas por los mecanismos de control, ya que, según varias opiniones, la certificación de litros despachados, el uso de tickets y la supervisión operativa dependen de esa estructura y no de los coleros por sí solos.
Los comentarios también ampliaron el mapa del problema. Hubo denuncias sobre prácticas similares en zonas como Cujae-Aeropuerto, Santiago de Cuba, Puerto Padre y Granma. En esas intervenciones, ciudadanos aseguraron que el litro de combustible se vende por más de 5.000 pesos, que en algunos lugares llega a 5.300 o 6.000, y que un pomo de cinco litros supera los 25.000 pesos.
Otra línea de preocupación fue la violencia asociada a estas redes. Un comentario mencionó amenazas de grupos armados en el Cupet Alameda, mientras otros describieron a los implicados de 33 y 42 como agresivos y habituados a controlar el espacio durante noches y madrugadas.
