Una nueva autorización del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba volvió a colocar bajo la lupa el entramado de compañías registradas fuera de la isla que operan alrededor de negocios financieros, navieros y petroleros vinculados al Estado cubano.
La medida, publicada el 5 de junio en la Gaceta Oficial y firmada por Óscar Pérez-Oliva (sobrino nieto de Raúl Castro), permite la inscripción en Cuba de una sucursal de GILMAR INVESTMENTS LIMITED, compañía chipriota que entra en sustitución de GILMAR PROJECT FINANCE ESTABLISHMENT, registrada en Liechtenstein.
La resolución fue señalada por la investigadora cubana Salomé García, quien advirtió en Facebook que la operación debe leerse dentro de un contexto político más amplio. A su juicio, mientras circulan versiones sobre eventuales contactos en torno a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como El Cangrejo, el régimen estaría reorganizando estructuras empresariales para ganar margen de maniobra.
Una autorización que sustituye a Gilmar de Liechtenstein
La disposición oficial autoriza la inscripción de la sucursal de la compañía chipriota GILMAR INVESTMENTS LIMITED en el Registro Nacional de Representaciones Comerciales Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba.
El giro comercial autorizado es la “intermediación inversionista y financiera” y la licencia no permite importar o exportar directamente con carácter comercial, ni distribuir o transportar mercancías en territorio cubano.
El dato relevante es la sustitución. La propia resolución indica que la nueva sucursal entra en lugar de GILMAR PROJECT FINANCE ESTABLISHMENT, compañía del Principado de Liechtenstein cuya oficina de representación ya había sido autorizada en Cuba en 2022.
Aquella autorización definía a Gilmar Project Finance como entidad con funciones de intermediación relacionadas con su casa matriz “como ente inversionista y financista de las compañías administradas por el Grupo Acemex”.
Para García, ese cambio de jurisdicción no debe verse como un simple trámite administrativo. “Lo que pasa es que Gilmar solo tiene de extranjera el país de registro”, afirmó la investigadora. Su lectura apunta a una práctica histórica: utilizar registros en Europa y otras jurisdicciones para mover operaciones sensibles bajo apariencia de empresas extranjeras.
El hilo de ACEMEX, GAESA y las navieras
La denuncia de García se apoya en investigaciones previas sobre sociedades vinculadas al aparato económico del Estado cubano. En 2021, una investigación del Miami Herald basada en el proyecto OpenLux identificó una red de compañías relacionadas con Cuba en Luxemburgo y otros territorios. Según esa investigación, entre las empresas mencionadas figuraban Marsea Holdings, Finsale Company Ltd. y Gilmar Project Finance.
La investigadora recordó además que en esos entramados aparecía el nombre de Guillermo Faustino Rodríguez López-Calleja, hermano de Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, fallecido general cubano que dirigió durante años GAESA, el conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas.
García relaciona esa red con ACEMEX, una compañía presentada en registros y reportes como parte de un sistema de administración de empresas vinculadas a operaciones financieras y navieras.
En registros chipriotas consultables públicamente, GILMAR INVESTMENTS LIMITED aparece con Juan Ángel Gómez Martínez y Carlos Manuel Pacheco Martín como directores. García subrayó que Gómez Martínez aparece asociado a Finsale Company, mientras Pacheco Martín figura también vinculado a Marsea Holdings.
Este tipo de coincidencias, según la investigadora, refuerza la hipótesis de continuidad entre las estructuras anteriores y las nuevas sociedades registradas fuera de Cuba.
La lectura política de García es más dura: no se trataría de empresas creadas para resolver las necesidades de la población, sino para proteger intereses de la élite económica y militar. “Por último, les comparto otro detalle que encontré y demuestra que desde el principio estas empresas han tenido el objetivo no de evadir sanciones para aliviar al pueblo, sino de enriquecer a GAESA y a la familia Castro”, escribió.
Buques, sanciones y una vieja disputa bancaria
El hilo descrito por García también conecta con el transporte marítimo y el negocio petrolero. En 2019, el Departamento del Tesoro de EEUU sancionó a varias compañías y buques relacionados con el traslado de petróleo venezolano hacia Cuba.
Entre las entidades sancionadas estuvieron Caroil Transport Marine Ltd., con sede en Chipre, y Bluelane Overseas S.A., Trocana World Inc. y Tovase Development, registradas en Panamá.
En la misma acción fue incluido el buque Giralt, identificado entonces como tanquero de crudo con bandera panameña.
García llama la atención sobre el tanquero Lourdes, de bandera cubana, porque antes de adoptar ese nombre habría operado como Giralt. La investigadora también menciona a Petróleos Marítimos del Caribe, conocida como Petromarca S.A., vinculada a los tanqueros Emilia y Lourdes.
Sin embargo, la carga transportada en viajes recientes del Emilia y el alcance exacto de esas operaciones requieren verificación documental adicional, porque los movimientos AIS no prueban por sí solos el contenido de un buque.
Otro antecedente citado por García se remonta a una disputa bancaria en tribunales británicos por el buque Tropical Reefer. En diciembre de 1997, Den Norske Bank otorgó un préstamo de 6 millones de dólares para la compra de tres barcos, con hipotecas sobre esas naves.
Años después, ante impagos y deudas acumuladas, el banco arrestó el Tropical Reefer en Panamá. La embarcación llevaba bananas con destino a Alemania, no alimentos para Cuba. La carga se deterioró y terminó siendo destruida, lo que derivó en litigios que Acemex perdió en primera instancia y también en apelación.
Ese episodio es usado por García como ejemplo de una estructura empresarial que operaba internacionalmente mucho antes del actual ciclo de sanciones. Su conclusión es que la élite cubana estaría intentando “victimizarse y aparentar voluntad de aperturas mínimas, mientras transforman sus empresas bajo nuevos testaferros, para seguir sin pagar sus deudas, extrayendo dinero de Cuba mientras masacran al pueblo”.
La nueva autorización a Gilmar Investments no prueba por sí sola una operación ilícita. Pero sí abre preguntas relevantes sobre continuidad empresarial, opacidad financiera y el papel de compañías registradas en jurisdicciones extranjeras en sectores estratégicos para Cuba.
En medio de la crisis energética, las sanciones y los contactos políticos atribuidos a figuras del círculo de los Castro, el caso vuelve a mostrar una zona clave del poder cubano: la que se mueve lejos del escrutinio público, entre registros mercantiles, navieras, intermediarios financieros y resoluciones oficiales.
