El gobierno de Panamá recurrirá a un mecanismo internacional para intentar que siete de sus ciudadanos, quienes enfrentan penas de hasta 10 años en La Habana por colocar mensajes contra el régimen cubano, sean procesados o cumplan una eventual condena en territorio panameño, anunció el canciller Javier Martínez-Acha el jueves.
“Panamá aspira a que el juicio correspondiente se realice en Panamá y que, si hay sentencia, la pena se ejecute en Panamá”, afirmó Martínez-Acha al explicar la posición de su gobierno.
El expediente comenzó el 28 de febrero de 2026, cuando agentes del Ministerio del Interior detuvieron en La Habana a 10 ciudadanos de Panamá. Las autoridades cubanas los acusaron de realizar propaganda contra el orden constitucional después de que colocaran carteles y pintaran grafitis críticos al sistema político de la Isla.
Según el medio EFE, la Fiscalía podría procesarlos bajo el artículo 124 del Código Penal cubano. Esa disposición establece sanciones de entre 8 y 10 años de privación de libertad.
Tres mujeres identificadas como Evelyn Edith Castro, Cinthia del Carmen Camarena y Abigail recuperaron la libertad en abril. La dictadura presentó la excarcelación como un “gesto de amistad”, luego de conversaciones entre representantes de ambos países.
Los otros siete permanecen recluidos en Villa Marista, sede de interrogatorios de la Seguridad del Estado y centro utilizado para encerrar a opositores y presos políticos.
Se trata de Víctor Manuel Pinzón Cedeño, Anthony Williams Jules Pérez, Omar Gilberto Urriola Vergara, Maykol Jesús Pérez Almendra, Adalberto Antonio Navarro Asprilla, Patrochiny Jerodany Joseph Arisarena y José Luis Aguirre Baruco.
Panamá busca trasladar cualquier eventual condena
La alternativa anunciada por Martínez-Acha permite que un extranjero sentenciado en otro Estado solicite cumplir la pena en su nación de origen. Sin embargo, el procedimiento exige la aprobación de los dos gobiernos.
El canciller admitió que “el caso de los siete panameños sigue el proceso penal cubano”. La declaración confirma que La Habana conserva el control de la causa y no ha aceptado transferirla.
Panamá ha realizado varias gestiones diplomáticas. Martínez-Acha viajó a Cuba para conversar con funcionarios del régimen, mientras el embajador Edwin Pitty visitó a los detenidos. La delegación panameña reclamó acceso consular, respeto al debido proceso y la aplicación de la presunción de inocencia.
Familias rechazan la versión del régimen cubano
Parientes de los encarcelados aseguran que el grupo viajó con propósitos humanitarios. Un video divulgado después de los arrestos mostraría a los panameños distribuyendo alimentos entre personas necesitadas, una versión que contradice las acusaciones de actividad subversiva.
La disputa también coincide con la negativa del presidente José Raúl Mulino a extraditar a Boris Mauricio Betancourt Hernández, un cubano detenido en Panamá por narcotráfico desde 2024.
Ciudadanos panameños, cubanos y costarricenses protestaron frente a la Embajada de Cuba en Ciudad de Panamá para exigir la liberación del grupo. El régimen describió las manifestaciones como “actos provocativos”.
La transferencia de los prisioneros o de una futura condena dependerá de la autorización de La Habana. Hasta ahora, las autoridades cubanas no han confirmado que estén dispuestas a aceptar la solicitud panameña.
