El Ministerio del Interior (Minint) informó este lunes sobre la detención de 10 ciudadanos panameños en La Habana por su supuesta implicación en hechos de propaganda contra el orden constitucional de la Isla.
De acuerdo con la versión oficial, los arrestos, ocurridos el pasado sábado, están vinculados a actos subversivos que contravienen el artículo 124 del Código Penal cubano, que sanciona severamente a quienes, mediante el uso de la violencia o el engaño, busquen perturbar el orden constitucional de la nación.
Las autoridades cubanas afirman que el objetivo de los diez detenidos era confeccionar letreros con contenido subversivo que atentaran contra el orden constitucional en el país.
Las investigaciones preliminares señalan que los implicados fueron orientados a ingresar al país con el propósito de crear estos carteles. Una vez cumplido su objetivo en la madrugada del 28 de febrero, debían abandonar Cuba y regresar a Panamá, donde recibirían entre mil y mil quinientos dólares cada uno, según sus primeras declaraciones.
Desde el momento de la detención, los acusados han reconocido su participación en estos actos subversivos, los cuales tuvieron lugar en la capital cubana. El régimen comunista indicó que continuará con las investigaciones de este hecho.
El suceso se suma al tiroteo entre las Tropas Guardafronteras de Cuba y una lancha registrada en Florida. La versión oficial cubana sostiene que los tripulantes de la embarcación intentaron una incursión armada, lo que derivó en un enfrentamiento armado, con un saldo de cuatro muertos y seis detenidos.
Los sobrevivientes son Cristian Ernesto Acosta Guevara, Conrado Galindo Serrior, José Manuel Rodríguez Castelló, Leordán Cruz Gómez, Amijail Sánchez González y Roberto Álvarez Ávila.
Los fallecidos están identificados como Pavel Alling Peña, Michael Ortega Casanova, Ledián Padrón Guevara y Héctor Duani Cruz Correa. Uno de ellos ha sido señalado como ciudadano estadounidense, al igual que un sobreviviente.
En relación con los sobrevivientes, el fiscal cubano Edward Roberts Campbell detalló los cargos que podrían enfrentar los detenidos. Se les podría acusar de terrorismo, violencia contra una nave en aguas de jurisdicción nacional, introducción ilegal de armas y municiones, y portación ilegal de armas.
Además, si se identifican patrocinadores externos, los implicados podrían enfrentar cargos de instigación para delinquir, asociación para delinquir y financiamiento del terrorismo.
Las penas por estos delitos son severas, con penas que oscilan entre 10 y 30 años de prisión, privación perpetua e incluso la pena de muerte. A pesar de que las investigaciones aún no han concluido, el fiscal dejó claro que las consecuencias penales podrían ser graves.
El régimen cubano incautó 134 cargadores y 12.846 municiones de diferentes calibres, incluidos cartuchos para fusiles de asalto como el AKM. También se aseguraron fusiles, pistolas, un dron con dos cámaras, equipos de comunicación, cuchillos de comando y una planta eléctrica portátil.
Sin embargo, críticos han señalado que la exhibición de estos objetos tiene un claro propósito propagandístico, reforzando la narrativa del régimen sobre ataques de grupos terroristas organizados por el exilio cubano.
La cantidad de armamento y el tamaño de la lancha utilizada dificultan la credibilidad de esta versión, ya que no habría capacidad para transportar tantos materiales y personas.
