Una riña entre grupos ocurrida la noche del domingo en Casablanca, La Habana, desató escenas de violencia, dejó personas heridas y generó pánico entre vecinos, según denunció en redes sociales el sacerdote cubano Kenny Fernández Delgado.
El religioso alertó sobre pedradas, sangre en la vía pública y destrozos cerca de la iglesia católica de la zona. También afirmó que, tras pedir ayuda a la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), los residentes recibieron como respuesta que no había combustible para acudir al lugar.
La situación volvió a poner bajo escrutinio la capacidad de reacción de las autoridades en medio del deterioro social que atraviesa el país. Fernández Delgado describió un ambiente de alta tensión en los alrededores del templo y aseguró que, tras los disturbios, quedó una “calma tensa” en la zona.
En sus publicaciones, presentó la escena como una muestra del empeoramiento del orden público en un barrio habanero que durante años fue visto por muchos residentes como un lugar más apacible.
A ello se sumó la acusación de que la zona quedó “abandonada” ante la ausencia de una respuesta inmediata de la PNR. Esa denuncia tocó un punto sensible en un país donde la escasez de combustible y de recursos golpea también la operatividad de los servicios estatales.
La denuncia del sacerdote tuvo rápida repercusión y abrió un debate en redes sobre la inseguridad ciudadana.
La alarma por lo sucedido coincidió con un contexto en el que el propio aparato estatal ha empezado a reconocer tensiones crecientes en las calles. Recientemente, el Minint trasladó a la propia población, mediante guardias de barrio organizadas por los CDR, parte de la responsabilidad de velar por la tranquilidad ciudadana.
Ese cambio ha sido interpretado por muchos cubanos como una señal de desgaste institucional y de incapacidad para sostener una vigilancia efectiva con medios oficiales.
Los comentarios publicados por cubanos tras conocerse el caso reflejaron frustración, ironía y temor. Algunos usuarios señalaron que, sin vigilancia policial estable, los hechos violentos tienden a repetirse y pueden derivar en estructuras delictivas más organizadas.
Otros afirmaron que las autoridades actúan con mayor rapidez cuando se trata de asuntos políticos o de control ideológico que cuando están en juego la seguridad del barrio y la integridad de los vecinos.
También hubo reacciones que describieron a Casablanca como un sitio degradado o especialmente conflictivo, aunque otras voces recordaron que la presencia de pandillas no es un fenómeno enteramente nuevo.
Una usuaria situó los hechos en la noche del domingo, mientras varios mensajes coincidieron en retratar una sensación de abandono. El tono predominante fue de desconfianza hacia la capacidad del Estado para garantizar orden en comunidades golpeadas por la crisis y la pérdida de controles básicos.
La preocupación por lo ocurrido en La Habana aparece además en paralelo con otra admisión oficial: el incremento del consumo interno de drogas ilícitas en Cuba, sobre todo entre adolescentes y jóvenes.
El doctor Alejandro García, director del Centro de Salud Mental de Centro Habana, reconoció hace algunos meses en una entrevista con el diario oficialista Granma que en los últimos años se ha registrado un alza del fenómeno.
Aunque el gobierno insiste en su política de “tolerancia cero”, también admite que su objetivo actual es controlar y contener el problema que se le ha ido de las manos.
