Zayli Sánchez, una residente fuera de Cuba, denunció la injusta multa de 70.000 pesos cubanos que enfrenta su familia en el municipio de Unión de Reyes, en Matanzas, mientras intentan mantener activo el servicio de una pequeña cafetería.
Vía Facebook, Sánchez relató que ha decidido apoyar a su familia y a su comunidad ante la falta de beneficios del Estado. Por ejemplo, ha invertido en paneles solares para conservar alimentos y proporcionar electricidad durante los apagones, además de organizar actividades para niños durante tres años consecutivos.
Según ella, su ayuda no tiene fines políticos, sino humanos, buscando aliviar las dificultades diarias de los vecinos. “Aquí no hay privilegios, no hay abusos, no hay ilegalidades, hay sacrificio, pero hay reglas que, en la realidad cubana, son imposibles de cumplir”, manifestó.
El conflicto comenzó cuando las autoridades impusieron una multa por el precio topado del pollo y la salchicha, productos que, según Sánchez, ni siquiera el Estado vende a los precios que exige al sector privado.
Además, se les exigió implementar un sistema de pagos digitales mediante un código QR, algo que en un país con electricidad inestable y bancos colapsados resulta prácticamente imposible.
A pesar de estas dificultades, la cafetería de la familia sí ha logrado recibir transferencias electrónicas cuando es posible, aunque el sistema presenta constantes trabas. “Que lo desmientan los vecinos si no han podido enviar dinero de esa forma, que lo desmientan si no se ha cobrado electrónicamente cuando ha sido posible. ¿Qué hay días en que no se puede recibir todo? Sí, porque después de recibir transferencias, sacar ese dinero también es un problema, por las mismas trabas del sistema”, manifestó.
La situación se agravó cuando, durante una inspección, la dueña de la cafetería, la madre de Sánchez, no se encontraba presente, ya que estaba lidiando con una urgencia dental. En su lugar, las trabajadoras del establecimiento fueron las encargadas de recibir a los inspectores.
Sánchez relata que, a pesar de que su madre pidió unos minutos para dialogar, debido a su incapacidad para hablar con claridad por el dolor, la respuesta de los inspectores fue negativa, y la sanción fue impuesta sin dar espacio para el diálogo o la comprensión.
La multa de 70.000 pesos representa un golpe devastador para una familia que, según Sánchez, solo intenta sobrevivir y ayudar a su comunidad en medio de las carencias del sistema.
A lo largo de tres años, la familia ha invertido en recursos para que los vecinos puedan cargar sus teléfonos cuando no hay luz, para evitar la pérdida de alimentos debido a la falta de electricidad, y para llevar un poco de alegría a los niños y apoyo a los ancianos. A pesar de este esfuerzo, la respuesta del gobierno no ha sido reconocimiento, sino castigo.
Sánchez concluye su denuncia preguntándose: “¿De verdad el enemigo es una cafetería humilde que intenta sostener a su comunidad?” En su opinión, las leyes deben proteger a quienes trabajan para ayudar a los demás, no aplastar a quienes resuelven lo que el Estado no puede garantizar.
Es una falta de respeto contra los emprendedores que buscan entre tantos problemas conseguir alimentos para elaborar productos y comercializar. No importa cuánto se trabaje para dar un servicio comunitario. Como emprendedor he recibido mas de 5 inspecciones por mes, repetidas, multa delante y argumentos detrás, si es que permiten exponerlos. El pais tiene las soluciones en la mano y no las ven, por eso no se avanza. Sigan asi