La Policía Nacional Revolucionaria (PNR) intervino una vivienda de Santa Clara donde operaba una fábrica clandestina de ron, decomisó las bebidas almacenadas y multó a sus responsables, según informó este miércoles el perfil oficialista de Facebook Fuerza del Pueblo.
Las autoridades justificaron el operativo por la elaboración y venta de alcohol sin los permisos exigidos. La publicación vinculada al Ministerio del Interior (Minint) presentó la incautación como parte de sus acciones contra las actividades económicas ilegales.
Asimismo, se advirtió que producir o comercializar bebidas alcohólicas sin autorización puede derivar en multas y otras medidas administrativas.
Cubanos cuestionan las prioridades de la Policía
La versión oficial recibió numerosas críticas de usuarios que acusaron a las autoridades de concentrar sus recursos en pequeños productores, mientras delitos de mayor impacto permanecen sin respuesta.
“¿Y cuándo es el operativo en la casa de los dirigentes que cada día roban más?”, preguntó un internauta. Otro comentó: “Eso es lo único que hacen: abusar del que está luchando, mientras los verdaderos ladrones siguen impunes”.
Varias personas reclamaron operaciones contra el tráfico de drogas y los asaltos callejeros. “Con tantos arrebatadores en la calle y a esos no los cogen”, escribió un usuario.
También aparecieron comentarios favorables a legalizar el negocio. “Deberían darle una patente y que sigan produciendo”, señaló una persona. “En un país libre tendrían su propia empresa”, añadió otra.
Multas e informalidad en medio de la escasez
La intervención ocurre durante el Quinto Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito, iniciado el 18 de mayo de 2026 bajo la dirección del Gobierno de Miguel Díaz-Canel. El plan prioriza inspecciones relacionadas con combustibles, alimentos, precios y negocios informales.
En Villa Clara, la Policía había confiscado previamente 25 cilindros de gas en una vivienda de Placetas, también como parte de esa campaña nacional.
El Decreto-Ley 91 de 2024 amplió las sanciones contra trabajadores privados, cooperativas y mipymes por actividades no autorizadas. Algunas infracciones pueden recibir multas de hasta 72.000 pesos.
Las propias estadísticas oficiales muestran la dimensión del sistema punitivo. Durante el primer trimestre de 2025 se aplicaron 425.012 multas, por un valor superior a 1.000 millones de pesos. En febrero de 2026, otro ejercicio de control terminó con 17.000 sanciones valoradas en más de 65 millones.
La fabricación artesanal de aguardiente, conocida en Cuba como “chispa e’ tren”, se ha expandido ante la caída de la producción industrial, la falta de azúcar y la pérdida de ingresos familiares.
Aunque el consumo de alcohol adulterado supone riesgos sanitarios, los comentarios al operativo reflejan rechazo a una política basada en decomisos y multas, sin ofrecer vías legales para quienes recurren a la economía informal para subsistir.
