Agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y de la Brigada Especial Nacional (BEN), conocidos como Boinas Negras, tienen en marcha un nuevo método para retener e intimidar a quienes presenten deudas de multas estatales en La Habana.
Según Martí Noticias, el periodista independiente Pablo Morales Marchant fue víctima de este nuevo estilo de coacción de las fuerzas castristas. El comunicador fue interceptado en el Parque de la Fraternidad, en La Habana Vieja.
Según su testimonio, varios efectivos se acercaron a él para rodearlo como si fuera un peligroso delincuente, exigiéndole sus datos personales para ubicarlo en el Registro Operativo Policial.
“Me dijeron: ‘espera, que te vamos a tirar por el registro a ver qué le sale a usted’”, relató Morales. Tras revisar el sistema, los agentes detectaron que mantenía una deuda de 32.000 pesos cubanos en multas acumuladas. Esa cantidad, según explicó, se había duplicado tras varios meses sin ser abonada.
La sanción original le había sido impuesta tiempo atrás por un agente de la Seguridad del Estado bajo la acusación de “actividad económica ilícita”. Una vez identificado como deudor, fue conducido a pie hasta la unidad policial de la calle Dragones, donde permaneció retenido durante 17 horas.
En ese lapso, dijo haber sido sometido a presión psicológica para obligarlo a pagar. Antes de ser liberado, le hicieron firmar un “acta de advertencia” en la que se comprometía a saldar la deuda.
“Dicen ellos que esto, primeramente, es como un trabajo profiláctico en que ellos te dicen que debes esa multa y si no la pagas, ya después lo toman como un acto de desobediencia”, declaró.
El uso de fuerzas de élite del Ministerio del Interior para gestionar el cobro de multas administrativas refuerza la percepción de una vigilancia cada vez más militarizada en la vida cotidiana de los cubanos.
Operativo policial contra cientos de motoristas en Santiago de Cuba
En Santiago de Cuba también se encuentran en marcha operativos policiales, pero enfocados a conductores de motocicletas y coches. Más de 220 de estas unidades fueron retenidas por las autoridades a causa de diferentes motivos, según denuncias enviadas al periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada.
La intervención provocó preocupación entre transportistas informales y también entre los usuarios que dependen de esos medios para desplazarse en una ciudad afectada por el deterioro del transporte público.
“Es el modus operandi de estos corruptos. Después andan pidiendo dinero para sacar las motos del depósito. Es una cadena de corrupción grande. Al final, el que busca su sustento honradamente sale perdiendo. Este operativo se debería hacer contra quienes venden droga”, afirmó Diva Torres.
Las autoridades justificaron la medida con supuestas infracciones de la Ley 109 del Código de Seguridad Vial. Según esa versión oficial, los vehículos retenidos presentaban irregularidades como estacionamiento indebido, conducción sin licencia, deficiencias técnicas y modificaciones ilegales en los tubos de escape.
