El Gobierno cubano expresó por primera vez de forma directa su disposición a explorar acuerdos sobre propiedades nacionalizadas tras la revolución de 1959, incluidas aquellas que pertenecieron a cubanos que posteriormente salieron del país.
Las declaraciones fueron realizadas por funcionarios cubanos en medio del reciente programa de reformas económicas aprobado por la Asamblea Nacional.
Carlos Méndez, viceministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, señaló que las autoridades buscan encontrar soluciones que puedan incluir tanto a antiguos propietarios extranjeros como a cubanos residentes fuera de la Isla.
“Estamos dispuestos a buscar un acuerdo, un arreglo que sea satisfactorio para todas las partes, considerando tanto a las empresas extranjeras que estaban en Cuba y fueron nacionalizadas, como también buscar arreglos para que puedan ser aceptables para los cubanos que en algún momento emigraron del país”, declaró.
El funcionario también indicó que Cuba pretende ampliar la participación económica de ciudadanos cubanos en el exterior y abrir espacios para su incorporación a proyectos empresariales. Según explicó, la intención es permitir su presencia en distintos sectores y actividades económicas.
Las declaraciones forman parte del contexto generado por el nuevo paquete de 176 medidas económicas aprobado recientemente por el Parlamento cubano.
Entre los cambios planteados se encuentran modificaciones relacionadas con inversión, funcionamiento empresarial y nuevos mecanismos para atraer capital.
Sobre el modelo económico que se busca desarrollar, las autoridades insistieron en que los cambios no significan una transformación completa del sistema existente.
“No estamos privatizando la economía, lo que estamos haciendo es dando mayor participación al sector privado en la economía, en prácticamente todos los sectores”, explicó Méndez.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel ha señalado anteriormente que las medidas toman elementos de modelos aplicados en países como China y Vietnam, donde se introdujeron reformas de mercado sin modificar el sistema político de partido único.
Sin embargo, especialistas consultados consideran que una posible restitución o compensación por propiedades enfrenta obstáculos prácticos y legales.
Muchas de las antiguas propiedades cambiaron de uso durante décadas y actualmente funcionan como viviendas, centros de trabajo, escuelas u otras instalaciones.
La profesora Helen Yaffe, de la Universidad de Glasgow, señaló algunos de los problemas que podrían surgir en un proceso de este tipo.
“Sus mansiones han sido convertidas en hogares, apartamentos, escuelas, oficinas, centros de investigación”, añadió.
Expertos también consideran que cualquier apertura en este tema podría no ser suficiente para responder a demandas existentes en Estados Unidos.
La Comisión de Reclamaciones Extranjeras mantiene certificadas miles de reclamaciones relacionadas con bienes nacionalizados, cuyo valor acumulado supera varios miles de millones de dólares.
El debate sobre las propiedades confiscadas ha permanecido durante décadas entre los asuntos pendientes dentro de las relaciones entre Cuba y EEUU y vuelve a surgir ahora en medio de los cambios económicos impulsados por las autoridades cubanas.
