El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, presentó ayer martes una reforma a la ley de migración que endurece los controles de ingreso y salida del país. Entre las sanciones se encuentran penas de cárcel para quienes crucen las fronteras ilegalmente con el fin de desestabilizar al gobierno.
Esta iniciativa muestra también un carácter represivo, ya que permite el retiro de la nacionalidad nicaragüense a opositores y críticos del régimen sandinista, según las causales establecidas en la constitución.
Esta modificación sigue a una amplia reforma constitucional aprobada el pasado viernes, que establece que los considerados “traidores a la patria” perderán su nacionalidad.
Aunque esta disposición no estaba contemplada previamente en la legislación, desde febrero de 2023 el gobierno ya ha despojado de su nacionalidad a unos 450 ciudadanos, entre ellos políticos, periodistas, intelectuales, activistas de derechos humanos y líderes religiosos, quienes también han sido expulsados del país.
La propuesta de ley también impone penas de dos a seis años de prisión para quienes ingresen o salgan del país centroamericano por vías no autorizadas con el objetivo de “menoscabar la soberanía”, “alterar el orden constitucional” o “conspirar e inducir a actos terroristas o de desestabilización económica y social”.
Esta medida afecta principalmente a opositores, periodistas y activistas que huyen del país a través de puntos no oficiales en la frontera, especialmente hacia Costa Rica, en busca de refugio ante la persecución del gobierno.
La administración de Ortega justifica estas acciones como necesarias para proteger la soberanía nacional y combatir supuestos intentos de desestabilización promovidos desde el extranjero. Sin embargo, diversos analistas y organizaciones internacionales denuncian que estas medidas buscan consolidar un Estado policial y eliminar cualquier rastro de oposición política.
La reforma a la ley de migración acompaña una serie de cambios constitucionales que refuerzan el control de Ortega y su esposa, Rosario Murillo, sobre el Estado nicaragüense. Una de las iniciativas más controvertidas es la creación de la figura de “copresidentes” para que ambos compartan la titularidad del poder ejecutivo.
Además, se propone extender el mandato presidencial de cinco a seis años, consolidando aún más el control político del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Estas reformas serán ratificadas en la legislatura que inicia en enero, lo que parece un mero trámite dado el dominio absoluto del FSLN en el Parlamento.
Desde las protestas opositoras de 2018, que dejaron más de 300 muertos en tres meses, según la ONU, el gobierno de Ortega ha intensificado la represión y las violaciones a los derechos humanos, calificando las movilizaciones como intentos de golpe de Estado apoyados por Estados Unidos.
