La gobernadora de Granma, Yanetsy Terry Gutiérrez, reunió este domingo a propietarios de Mipymes y trabajadores por cuenta propia en Manzanillo para reclamar una mayor participación del sector privado en la solución de los problemas económicos y sociales del municipio.
El encuentro, divulgado por CNC TV Granma, se realizó mientras las autoridades provinciales enfrentan una grave falta de efectivo para pagar salarios y pensiones.
La convocatoria ocurre después de que el gobierno de Granma reconociera en junio de 2026 que no contaba con más de 400 millones de pesos requeridos para entregar las pensiones a unos 111.000 jubilados. La insuficiencia financiera ha obligado a las autoridades a buscar dinero fuera de las instituciones estatales.
Granma busca efectivo en los negocios privados
Durante la reunión, Terry Gutiérrez insistió en la necesidad de aumentar los depósitos bancarios y mejorar la circulación del dinero. También exigió acciones que permitan garantizar el pago puntual a pensionados y empleados.
La funcionaria resumió sus demandas bajo la consigna “Resolver problemas y potenciar el desarrollo”. Asimismo, pidió a los emprendedores asumir obligaciones que exceden la administración de sus negocios y apeló a la solidaridad mediante la frase “vernos en los zapatos de los demás”.
Terry Gutiérrez reconoció a los establecimientos que entregan directamente las pensiones en efectivo y afirmó que “Manzanillo tiene las condiciones para convertirse en referente en la provincia”. Sin embargo, esa cooperación implica que comercios particulares cubran una tarea que corresponde al sistema bancario y al Estado.
Mipymes pagan pensiones con sus recaudaciones
Ante la escasez de billetes, el régimen ha extendido programas en los que negocios privados utilizan el dinero recaudado por sus ventas para pagar a jubilados. En Holguín, cerca de 20 establecimientos participan en este mecanismo, que alcanza a unos 5.000 pensionados.
La entrega de efectivo tampoco siempre ocurre de manera voluntaria. En varias provincias se han denunciado operativos de inspectores financieros, respaldados por agentes policiales, para obligar a los emprendedores a ingresar sus fondos en los bancos.
Cuentapropistas de Camagüey han descrito estas prácticas como un “corralito bancario”. A ello se suma la Resolución 86 del Ministerio de Finanzas, vigente desde abril de 2026, que impone a mipymes, cooperativas y trabajadores privados nuevas obligaciones para informar operaciones consideradas sospechosas.
El Estado aumenta las exigencias sobre el sector no estatal
Los negocios privados aportan el 23% de los ingresos presupuestarios mediante impuestos, concentran más de la mitad de las ventas minoristas y generan casi un tercio del empleo. Pese a ese peso económico, siguen sometidos a inspecciones, restricciones bancarias y exigencias administrativas.
En junio de 2026, el gobierno anunció 176 medidas, entre ellas la eliminación del límite de 100 empleados por mipyme y la posibilidad de que una persona controle más de una empresa. Las aperturas, no obstante, avanzan junto con mayores controles y demandas para que los particulares financien servicios incumplidos por el aparato estatal.
La publicación oficial concluyó con la frase “El desarrollo con justicia social exige responsabilidad compartida”. Para muchos cubanos, esa responsabilidad compartida representa otro intento del régimen por trasladar al sector privado las consecuencias de una crisis provocada por décadas de mala gestión económica.
