Prisión y multas de 5.000 CUP por las protestas del 11J decretaron los tribunales de Sancti Spíritus

 Prisión y multas de 5.000 CUP por las protestas del 11J decretaron los tribunales de Sancti Spíritus. (Fotografía referencial de las manifestaciones del 11J: Marcos Evora-Facebook)

Los tribunales de Sancti Spíritus están concluyendo el proceso penal a los participantes en el estallido social ocurrido en toda Cuba el pasado 11 de Julio en un intento por criminalizar las protestas pacíficas, a pesar de las declaraciones del propio Fiscal General de Cuba, Rubén Remigio Ferro, quien confesó que protestar y disentir es un derecho que en Cuba está permitido.

No obstante, a esa contradicción los jueces espirituanos condenaron a 9 meses de prisión a un ciudadano residente en la provincia al tiempo que otros 7 han sido condenados a pagar multas de hasta 5.000 CUP.

De acuerdo con la información del diario local Escambray, entre los principales delitos que se le fabrican a los implicados está el desacato a la autoridad y la instigación a delinquir.

En entrevista con el citado medio, la fiscal María Esmeralda Pérez Pérez, al frente del Departamento de Procesos Penales en la Fiscalía Provincial, argumentó que lo vivido el pasado 11 de julio es fruto de una convocatoria “para generar un clima de desestabilización en Cuba, elemento esencial de una operación político-comunicacional promovida y financiada por el gobierno de EEUU”.

Con esas aseveraciones no es extraño pensar que las deliberaciones de los jueces hayan estado totalmente sesgadas, aunque la propia fiscal señale que “en la Fiscalía no se recibió ninguna queja de la ciudadanía asociada a los procesos penales radicados o de otra índole vinculada, también, a los disturbios; función que le asiste, por mandato constitucional, o sea, la de velar por el cumplimiento estricto de la legalidad”.

Pérez Pérez señaló que “la actuación de la Fiscalía ha estado encaminada a determinar, desde la individualidad, la responsabilidad de los ciudadanos implicados, a raíz de los resultados de la instrucción penal”. Al mismo tiempo aseguró que se ha ejercido justicia con “proporcionalidad y racionalidad”.

Sin embargo, la fiscal no perdió tiempo para amenazar a todas aquellas personas que intenten protestar para subvertir “el orden público y las preceptivas dispuestas en la ley”.

Aquellos quienes lo hagan serán advertidos, tal y como pasó con otro grupo de personas en el 11J, pues demostraron “un inadecuado comportamiento social”.