Prisoners Defenders: el gobierno cubano mantiene más de mil presos políticos en sus cárceles

La mayoría de los presos políticos cubanos participaron en las manifestaciones del pasado 11 de julio. (Foto: Periódico Cubano)

Prisoners Defenders (PD) reporta que actualmente unos 1.046 prisioneros políticos activos enfrentan condenadas judiciales en las diferentes cárceles de Cuba, donde son víctimas de torturas.

En el más reciente informe de esta organización, con sede en Madrid, España, se detalla que estas personas permanecen privadas de su libertad a causa del activismo a favor de los derechos humanos y una evidente oposición al régimen castrista.

Estos convictos son víctimas de, al menos, unos 15 tipos de torturas que se aplican adentro de las cárceles cubanas, las cuales han sido denunciados ante el Comité de Tortura de las Naciones Unidas.

De los 1.046 encarcelados por motivos políticos, unos 32 son niños y cinco niñas. Las autoridades cubanas han sentenciado a 23 de ellos a un promedio de seis años y cinco meses de prisión por haber cometido el supuesto delito de “sedición”. La organización también reporta que, al menos, unas 134 son mujeres prisioneras políticas.

“Con 150 prisioneros políticos se inició el mes de junio del año pasado. Desde entonces, hasta el 31 de mayo de 2022, otros 1.086 prisioneros políticos nuevos más se han sumado a los 150 primeros, arrojando un total de 1.236 durante estos últimos 12 meses”, agrega el documento.

La mayoría de los presos políticos en Cuba fueron arrestados por las protestas masivas que se desataron en la Isla el pasado 11 de julio, cuando miles de cubanos salieron a las calles a exigir respeto a los derechos humanos, mayores libertades y un sistema democrático.

La organización refiere que los manifestantes procesados estuvieron más de 24 horas bajo la medida de prisión provisional y sin supervisión judicial, además de que solo han recibido los servicios de abogados dependientes al régimen.

“No existe en Cuba la abogacía independiente, lo que convierte a esta en ilegal según las bases de la legalidad internacional vigente”, señala el reporte.

Asimismo, se explica que los manifestantes detenidos no tuvieron acceso al expediente completo de su acusación y todos ellos han sido juzgados a puerta cerrada. En estas audiencias el régimen utiliza como testigos a policías o funcionarios del gobierno.

“Desórdenes públicos fue el delito más presente en un 61% de todos los casos, no hemos encontrado un solo testigo civil independiente del Estado, entre las decenas de sentencias examinadas hasta la fecha, que manifestara su malestar y denuncia por dichos desórdenes”, dice el documento.

La organización indica en el informe que las circunstancias actuales auguran un nuevo renacer de las protestas masivas entre la población cubana, que podría provocar de nuevo varios encarcelamientos y torturas contra inocentes.