En un reciente programa conducido por Juan Manuel Cao desde su espacio en YouTube, la abogada especializada en inmigración Elizabeth Amarán abordó las inquietudes que genera el proceso para revocar la ciudadanía estadounidense a personas naturalizadas, aclarando que esta acción es sumamente compleja y poco frecuente.
Las nuevas informaciones de la administración estadounidense ha sembrado temor en gran parte de la comunidad cubana naturalizada, al sugerir que la ciudadanía podría ser revocada en determinadas situaciones. No obstante, Amarán explicó que esta figura legal puede seguir dos vías: una civil y otra penal, y que la mayoría de los casos corresponde al ámbito civil.
El procedimiento civil es el método más habitual y se basa en que las autoridades demuestren que el solicitante no cumplió con los requisitos para naturalizarse, ya sea por fraude o por no revelar información esencial. “La responsabilidad de probar que alguien no era elegible para la ciudadanía recae en el gobierno”, indicó la letrada, quien puntualizó que en estos procesos no siempre se garantiza asistencia legal gratuita. En contraste, el procedimiento penal requiere que la persona haya sido condenada por un delito grave antes de obtener la ciudadanía.
Entre las causas más frecuentes para iniciar un proceso de desnaturalización se encuentra la ocultación de vínculos con organizaciones prohibidas, como el Partido Comunista o la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC). Sin embargo, Amarán subrayó que no basta una acusación: el gobierno debe presentar evidencia clara de una participación significativa en dichas agrupaciones.
La abogada hizo énfasis en que la revocación solo puede aplicarse por hechos ocurridos antes de la naturalización. “Una vez que tú ya eres ciudadano americano, la Constitución te da ciertos derechos”, aclaró, recordando además un fallo del Tribunal Supremo de 2017, que estableció que solo omisiones o falsedades “materiales”, es decir, que afecten la elegibilidad, justifican la desnaturalización.
Sobre qué se considera material, explicó que podría ser, por ejemplo, ocultar una condena por delito grave que impida la naturalización, aunque reconoció que en algunos casos esa información resulta difícil de ocultar debido al intercambio de datos entre estados y agencias. “Un elemento material es algo que pudo haber afectado tu elegibilidad para la ciudadanía. Por ejemplo, no revelar que fuiste miembro del Ministerio del Interior, de la Seguridad del Estado o de la UJC”.
Ante la pregunta de Cao sobre si el criterio temporal aplica a cualquier momento, la abogada comentó que, en el caso de la residencia, se utiliza como referencia un período de los últimos cinco años, pero que este estándar no opera de igual manera en la ciudadanía. La excepción se da cuando la afiliación fue automática o compulsoria por motivos laborales y el solicitante no tuvo un rol relevante, ni la organización cometió delitos específicos como genocidio.
Por otro lado, el 1 de julio entró en vigor una ley que prohíbe que personas no autorizadas, como notarios públicos, completen formularios migratorios. La responsabilidad legal recae sobre el profesional que preste estos servicios sin licencia, mientras que el beneficiario queda sin recurso legal en caso de problemas.
Además, se abordó una propuesta legislativa promovida por los senadores Alex Padilla y Cory Booker que busca obligar a los agentes federales de inmigración a identificarse de manera visible y prohibirles el uso de mascarillas durante arrestos públicos. Aunque la normativa vigente ya exige identificación, en la práctica muchos oficiales actúan encubiertos, con máscaras y sin credenciales visibles, lo que ha generado desconfianza y temor en la comunidad.
Amarán señaló que este proceder ha provocado reacciones violentas contra los agentes, quienes en algunos casos han sido atacados en emboscadas. A la vez, describió situaciones en las que oficiales ingresan a domicilios sin órdenes judiciales, generando un clima de inseguridad y tensión.
Finalmente, la letrada destacó que la presencia de un abogado es esencial en los procesos migratorios, ya que los tribunales de inmigración aplican normas especiales y algunos jueces son más receptivos a los argumentos legales cuando comprenden el contexto real de la detención.
