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PERIÓDICO CUBANO

¿Qué otros países tienen su propio Decreto Ley-35 para censurar en internet?

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¿Qué otros países tienen su propio Decreto Ley-35 para censurar en internet?

En otras naciones, el poder político se ha escudado en leyes que restringen los derechos digitales de sus ciudadanos.

¿Cuántos extremistas oficialistas irían a la cárcel con el Decreto-ley 35?

Gobierno cubano aumenta su nivel de censura (Foto: Periódico Cubano)

Hace menos de un mes, el gobierno cubano aprobó por decreto un nuevo conjunto normativo que refuerza el control de las telecomunicaciones. En estas normas llama la atención el Decreto Ley 35 del 2021 “De las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y el uso del Espectro Radioeléctrico”.

Estas leyes permiten privar del servicio de internet y de telefonía móvil a cualquier ciudadano o a personas específicas, justificadas por razones tan ambiguas y arbitrarias como “el prestigio del país”, las “falsas noticias”, la “moralidad pública” y el “orden público”.

Esta ley tiene, como el Decreto Ley 370 o “Ley Azote” en su momento, tiene precedentes en otros países caracterizados por tener gobiernos totalitarios y dictaduras en el poder.

En estas naciones, el poder político también se ha escudado de la crítica de la sociedad civil en leyes que restringen los derechos digitales de sus ciudadanos.

Por ejemplo, en Sudán durante el año 2018 se estableció una ley contra la ciberdelincuencia, la cual fue una base para que en el año 2020 se realizaran enmiendas que aniquilarían por completo los derechos digitales de los ciudadanos, en particular a los periodistas.

Esta enmienda señala que el gobierno puede crear una comisión para vigilar en la red a todas aquellas personas que pretendan “desprestigiar” la élite militar que controla Sudán.

Por otra parte, el régimen chavista aprobó el 8 de noviembre de 2017 una “ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia”, la cual fue firmada por la Asamblea Nacional Constituyente.

Este organismo fue creado por órdenes de Nicolás Maduro y responde a los designios de este dictador. La ley establece condenas de hasta 20 años de prisión a aquellas personas que sean vistas por el gobierno de promover “discursos de odio”, desde entonces usada contra opositores y miembros de la sociedad civil venezolana.

En Centroamérica, Nicaragua no se queda atrás el régimen de Daniel Ortega, con la “Ley de Ciberdelitos”, la cual regula a las empresas privadas de telecomunicaciones y los medios de comunicación. No conforme con esto, esta normativa otorga la posibilidad de congelar y acceder, mediante la Policía y la Fiscalía, las bases de datos de las empresas proveedoras de internet.

Si hablamos de gobiernos que han ejercido la autoridad como símbolo de su ideología política, no podemos dejar de mencionar a China, Egipto y Rusia.

En el caso de China, el Partido Comunista emitió una normativa jurídica que castiga penalmente a quien “no respete el orden público y la moral social” en internet.

El gobierno egipcio, en el contexto de la pandemia de la Covid-19, bloqueó varios sitios webs en 2020, todos críticos o de oposición a sus políticas. Varios de estos sitios, como Daarb y AlBedaiah, pertenecen a medios de prensa independientes. Otras páginas censuradas pertenecen a organismos de derechos humanos en el país, como la Red Árabe de Información sobre Derechos Humanos.

La ciudadanía egipcia, para poder burlar la censura del gobierno sobre cerca de 570 sitios y 31 dominios web, debe hacer uso de VPNs.

Por su parte, el gobierno ruso, aliado político del régimen cubano, creó en 2019 una legislación que permite al sistema judicial multar y encarcelar a quienes publican en internet “noticias falsas” o a quienes falten el respeto a funcionarios gubernamentales y símbolos del Estado.

Esta ley, además, permite al gobierno de Vladimir Putin bloquear sitios webs siempre que las autoridades crean que se ha publicado “material ofensivo”.

El denominador común que tienen todos estos regímenes, son que utilizan palabras como prestigio del país, moralidad, bien público, no obstante el denunciar una falla pública, no es dañar a la nación, no atenta contra la moralidad, es poner en evidencias la ineficacia de los gobiernos.

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