El gobierno de Estados Unidos había ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares a cambio de información que permitiera la captura de Nicolás Maduro. Tras la detención del dictador chavista, muchos se preguntan quién cobrará la cantidad ofrecida por Washington.
Según informes de Reuters y CBS News, la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) contaba con una fuente humana con acceso directo a los movimientos de Maduro.
Este contacto, conocido como un “activo cercano”, habría monitoreado sus desplazamientos y proporcionado detalles precisos sobre su ubicación durante la operación.
CBS News también mencionó que la CIA obtuvo información valiosa gracias a un informante dentro del gobierno venezolano, quien habría ayudado a rastrear al expresidente hasta el momento de su captura.
Sin embargo, aunque existe evidencia de un informante, esto no garantiza automáticamente que alguien reciba el pago de la recompensa ni que se haga público. El Departamento de Estado y el Departamento de Justicia anunciaron la recompensa en el marco del Programa de Recompensas por Narcóticos.
No obstante, el pago no está garantizado solo por la participación en la operación, sino que depende de si la información proporcionada fue determinante para el resultado final de la operación. Además, el programa establece que solo se remunerará la información que haya jugado un papel causal en el arresto y en una eventual condena.
Una de las barreras legales más importantes para el pago de la recompensa es que la ley que rige este programa prohíbe que “funcionarios o empleados” de gobiernos, ya sean federales, estatales o extranjeros, reciban compensaciones por proporcionar información en el desempeño de sus funciones oficiales.
Si la persona que ayudó a capturar a Maduro realmente formaba parte del gobierno venezolano, el Departamento de Estado tendría que evaluar si su aporte fue hecho en el marco de sus funciones oficiales o si actuó de manera independiente. Este matiz puede determinar si la recompensa es legalmente válida.
La identidad del receptor de la recompensa podría mantenerse en secreto. La normativa faculta al secretario de Estado para adoptar “medidas de protección” y garantizar la seguridad del informante y su familia.
En cuanto al monto, la recompensa fue incrementada en agosto de 2025 a un máximo de 50 millones de dólares. Sin embargo, la ley permite que el pago sea inferior a esa cifra, se haga en tramos o incluso que no se pague si se considera que la información no fue determinante en el arresto.
La complejidad de la situación política también influye en la toma de decisiones, pues el pago de una recompensa podría generar tensiones diplomáticas y poner en riesgo la seguridad del informante.
Cabe recordar que en la rueda de prensa ofrecida por el presidente Donald Trump sobre la captura del chavista, el secretario de Estado, Marco Rubio, mencionó: “Creo que nos ahorramos 50 millones de dólares”.
La declaración por parte del funcionario da a entender, por lo menos de manera pública, que no habría un beneficiario de la referida cantidad por el arresto del chavista, quien permanece bajo custodia en Nueva York, donde enfrenta cargos por tráfico de drogas.
