Una eventual acción militar de Estados Unidos contra el régimen cubano no comenzaría únicamente con una orden presidencial. Antes tendrían que aparecer señales políticas, legales, diplomáticas y militares.
El Senado de EEUU bloqueó el 28 de abril de 2026 una resolución que buscaba impedir que Donald Trump usara la fuerza contra la isla sin autorización previa del Congreso. Esa declaración alimentó nuevamente la posibilidad de que en las próximas semanas o meses sea llevada a cabo en Cuba.
Bajo la actual administración, EEUU ya ejecutó operaciones de alto impacto, como la captura de Nicolás Maduro en Caracas en enero de 2026 y los ataques contra Irán donde se eliminaron a los principales líderes.
Trump ha dicho que pudiera tomar Cuba y que ese sería su plan internacional después de terminar el conflicto en Irán. Sin embargo, para que algo suceda con el régimen castrista se deben cumplir otros requisitos.
Cierre del espacio aéreo cubano
Una señal previa sería el cierre del espacio aéreo sobre Cuba o una advertencia formal para que aerolíneas, pilotos y operadores civiles eviten volar sobre la isla y sus alrededores. Ese paso tendría un doble propósito.
Por un lado, reduciría riesgos para vuelos comerciales. Por otro, enviaría una señal de que EEUU se prepara para una fase más seria de presión militar.
El antecedente más cercano ocurrió con Venezuela. El 29 de noviembre de 2025, Trump declaró que el espacio aéreo “sobre y alrededor” de ese país debía considerarse cerrado en su totalidad, aunque no ofreció detalles operativos. Más de un mes después se dio la intervención que culminó con la captura de Maduro.
Protección de personal diplomático y resguardo de la Base Naval en Guantánamo
Otro paso sería la reducción o evacuación total del personal diplomático estadounidense en La Habana para evitar represalía. Antes de cualquier escalada, Washington tendría que proteger a sus funcionarios, familiares y ciudadanos.
La Base Naval de Guantánamo también pasaría al centro del cálculo. EEUU tendría que reforzar la seguridad de sus instalaciones, garantizar comunicaciones, proteger al personal y asegurar rutas marítimas. Allí viven más de 6.000 ciudadanos estadounidense.
En una crisis, Guantánamo podría funcionar como punto de apoyo, pero también como objetivo de presión política o militar de La Habana. Alrededor de la base hay una brigada de la Fuerzas Armadas (FAR) que podría abrir fuego y activar las minas alrededor de la instalación.
Despliegue logístico y mensaje político
La movilización visible sería otra señal. Portaaviones, destructores, buques anfibios, aviones de vigilancia, unidades médicas y medios de evacuación no se ubican cerca del Caribe por casualidad.
Un despliegue sostenido en aguas internacionales próximas a Cuba indicaría que Washington pasó de la advertencia al posicionamiento operativo.
Pero antes tendría que resolverse otro factor: Irán. Mientras el frente iraní siga abierto, EEUU mantiene parte de su capacidad naval comprometida en el Golfo Pérsico, el mar Arábigo y rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz.
La propia administración Trump ha presentado ese escenario como una prioridad de seguridad y negociación, con operaciones navales vinculadas al bloqueo y a la protección del tránsito marítimo. Trump dijo que después de acabado el conflicto en Irán podría mover el portaaviones Abraham Lincoln a Cuba. Pero eso todavía no sucede.
Una base legal para justificar la acción
Otro paso básico sería construir una justificación legal. Washington necesitaría presentar la operación como una respuesta a una amenaza concreta, una acción de captura o una medida de seguridad nacional.
En el caso cubano, uno de los expedientes más sensibles es el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, que dejó cuatro muertos. Florida reabrió en marzo de 2026 una investigación sobre el presunto papel de Raúl Castro en ese hecho. Pero el expediente acusatorio no se ha completado.
Ese elemento resulta clave porque permitiría intentar un encuadre similar al usado contra Maduro: no una invasión convencional, sino una operación judicial o antiterrorista contra figuras específicas del régimen.
