La figura de la jueza Zamira Marrero Morgado se encuentra en el centro del debate público y legal en Cuba tras haber presidido el tribunal que juzgó a la joven influencer Anna Sofía Benítez Silvente, conocida como Anna Bensi, de 21 años, y a su madre, Caridad Silvente.
Su rol al frente del Tribunal Municipal Popular de La Habana del Este ha devuelto a la palestra el historial de los magistrados que intervienen en causas de alto perfil político en la isla.
Un nombre marcado por los juicios del 11J
Marrero Morgado no es una desconocida para las organizaciones independientes que monitorean la situación judicial en el país.
De acuerdo con ADN Cuba, su nombre fue documentado por colectivos como Cubalex y Justicia 11J debido a su participación directa en los procesos penales contra los manifestantes de las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021.
En diciembre de ese mismo año, formó parte del tribunal que evaluó las causas de 129 personas en La Habana, donde se dictaron condenas severas que llegaron hasta los 30 años de privación de libertad bajo el cargo de sedición.
Asimismo, durante la etapa previa al juicio celebrado este jueves, reportes independientes señalaron que la magistrada habría rechazado una solicitud formal presentada por la defensa para anular el proceso legal contra madre e hija, permitiendo que la causa avanzara hasta su fase de juicio oral.
En el ámbito personal, fuentes allegadas al influencer conocido como Elieser El Bayardo y reportes públicos han puesto de relieve una llamativa contradicción: aparentemente, dos de sus hermanas residen en EEUU.
Según la información, los nombres de ambas hermanas son Yaniuska y Yaliana Menéndez Marrero, originarias del municipio de Bolivia, en Ciego de Ávila. Esta nueva información contrastaría frontalmente con la postura oficial y los discursos políticos que los operadores del sistema judicial dicen representar frente al país norteamericano.
Paradojas académicas y el origen del caso
El trasfondo profesional de Marrero Morgado incluye un perfil académico orientado a la protección legal, destacando su defensa de tesis en abril de 2025 en la Universidad de La Habana sobre el interés superior del menor y los derechos de los jóvenes infractores.
Diversos activistas e influencers han señalado la marcada contradicción entre esta línea de estudio y el hecho de presidir un tribunal que procesa a una joven de 21 años.
La causa que encabezó se originó a raíz de un incidente ocurrido en marzo pasado, cuando Benítez Silvente y su madre grabaron y difundieron en redes sociales la visita de un oficial del Ministerio del Interior que se presentó de civil para entregar una citación vinculada a la Seguridad del Estado. A raíz de la publicación de ese audiovisual, la fiscalía les imputó delitos tipificados como actos contra la intimidad personal y familiar.
Escenario de vigilancia y contradicciones familiares
Mientras el tribunal evaluaba el caso, los alrededores de la sede judicial permanecieron bajo un riguroso dispositivo de control policial y operativo. Organizaciones de derechos humanos y medios independientes reportaron acciones de hostigamiento y restricciones de movimiento contra activistas, religiosos y periodistas que intentaban acercarse al lugar para dar cobertura a la vista oral.
