El régimen castrista anunció esta semana una reforma laboral y salarial que modificaría el cálculo de los ingresos, las pensiones y las condiciones de empleo en la Isla.
El proyecto, presentado por el primer ministro Manuel Marrero Cruz ante la Asamblea Nacional, traería consigo muchos cambios, entre ellos el permitir el teletrabajo desde otros países y los despidos por razones económicas, tecnológicas o estructurales, como parte del paquete de 176 medidas para intentar reorganizar la economía.
La iniciativa aparece dentro del llamado Eje 10, dedicado a los cambios laborales y salariales. Uno de sus puntos centrales consiste en revisar cada año el salario mínimo, las pensiones y determinadas prestaciones sociales según el comportamiento de la inflación.
El mecanismo también alcanzaría al sector presupuestado. Sin embargo, el anuncio no precisa cómo se garantizará que los aumentos compensen la pérdida de poder adquisitivo provocada por el encarecimiento de los alimentos, los servicios y los productos básicos.
Cambios en las pensiones y la Seguridad Social
La propuesta eliminaría el límite de la escala empleada para calcular las contribuciones a la Seguridad Social de quienes trabajan fuera del sector estatal. Las personas con empleos simultáneos en entidades públicas y negocios privados podrían aportar a los dos regímenes.
El plan reconoce, además, hasta 10 años destinados al cuidado de familiares como parte de los 30 años de servicio requeridos para acceder a una pensión contributiva.
También suprimiría permisos administrativos para que médicos, maestros, investigadores, técnicos y otros profesionales puedan ocupar más de un puesto.
Para atraer a jóvenes sin empleo ni estudios, las autoridades plantean entregar una ayuda mensual equivalente al salario mínimo a personas de entre 18 y 30 años que se incorporen a cursos de capacitación. El período de preparación sería contabilizado como tiempo trabajado.
Teletrabajo desde el extranjero y jornadas reducidas
Las entidades podrían autorizar que sus empleados trabajen desde el exterior cuando exista interés institucional. También se permitiría suspender temporalmente el servicio social a quienes cursen estudios fuera de Cuba relacionados con su especialidad, siempre que el empleador dé su aprobación.
Otra disposición facultaría a empresas y sindicatos para pactar jornadas reducidas y definir los pagos correspondientes. Los acuerdos tendrían que incorporarse a los convenios colectivos.
Entidades podrán despedir por causas económicas
Uno de los puntos que más llamó la atención fue el que concede a los empleadores la capacidad de terminar contratos por motivos económicos, tecnológicos o estructurales. La decisión deberá pasar por el consejo de dirección, la organización sindical y una asamblea de trabajadores.
Los afectados recibirían, en un único pago, una indemnización de entre 3 y 6 salarios básicos. En el sector privado, los empleados contratados por trabajadores por cuenta propia obtendrían una protección equivalente a un mes de remuneración si el negocio suspende o cancela sus operaciones.
En las empresas estatales, el régimen pretende sustituir la escala salarial vigente por un sistema negociado con sindicatos y empleados. Los pagos dependerían de la situación financiera de cada entidad, una fórmula que podría ampliar las diferencias salariales entre centros con distinta capacidad económica.
