Régimen castrista contrata abogados con millonarios honorarios para evitar sentencia negativa por gigantesca deuda

Tal y como dictan los protocolos judiciales, ambas partes, demandados y demandantes, tienen la obligación de declarar ante el juez cuánto dinero han destinado a estos menesteres. (Foto: Periódico Cubano)

El régimen castrista contrató a abogados con millonarios honorarios para evitar una sentencia negativa en el juicio que comienza el próximo lunes 23 de enero en el Tribunal de Comercio de los Tribunales Reales de Justicia de Londres. La República de Cuba y el Banco Nacional están siendo demandas por el impago de una gigantesca deuda, según admitió una reciente nota de la Superintendencia del Banco Central de Cuba (BCC).

El portal web Cubatrade.org ha revelado detalles desconocidos sobre el proceso judicial. Por ejemplo, las autoridades cubanas han contratado a los abogados Alison Macdonald KC, Anton Dudnikov y Mark Belshaw que pertenecen al prestigioso bufete PCB Byrne LLP, con sede en Londres.

Tal y como dictan los protocolos judiciales, ambas partes, demandados y demandantes, tienen la obligación de declarar ante el juez cuánto dinero han destinado a estos menesteres.

Cuba gasta más de tres millones de dólares en abogados

Según la información, el régimen se ha gastado —desde que comenzó el proceso judicial en el 18 de febrero de 2020— aproximadamente 2.407.905 dólares. Además, para el juicio formal que inicia la próxima semana hay destinados 816.341, con lo cual la suma es de más de tres millones de dólares.

En los procedimientos legales del Reino Unido, el perdedor reembolsa los honorarios legales y los costos judiciales en los que incurrió el ganador, por ello la información contable se presenta ante el juez antes de que el jurado anuncie su veredicto.

En el caso del fondo CRF I Limited que demanda a Cuba por el impago de una parte de la deuda que adquirió a otros acreedores por 72 millones de euros, se ha gastado alrededor de 2.6 millones.

Testigos presentados por la defensa hablarán desde La Habana en una videollamada

La defensa ha planteado la presencia de varios testigos, algunos de ellos desde La Habana, por lo cual hablarán por videollamada. En ese caso están varios exfuncionarios del Banco Nacional de Cuba como María Teresa Compte, Melissa Pérez Fleitas, Raúl Eugenio Olivera Lozano, Joscelin Rio Alvarez, René Lazo Fernández, Vladimir Regueiro Ale, Odalys Del Nodal y el Dr. Juan Mendoza Díaz en su condición de testigo experto.

Olivera Lozano y Compte fueron sentenciados por el régimen cubano a prisión por el delito cohecho en el ejercicio de sus funciones públicas en el Banco Nacional de Cuba.

¿Qué se discute en el juicio?

El juicio que se llevará a cabo es para determinar si el fondo CRF I Limited que se dice acreedor de la deuda cubana, cumplió con lo establecido en los tratados que se firmaron entre el acreedor original y Cuba.

Previo a 1997, el gobierno cubano y el Banco Nacional de Cuba obtuvieron préstamos internacionales que nunca pagaron. Por lo tanto, no está a discusión de que se deba o no el crédito que se pidió en su momento, sino que el nuevo acreedor tenga o no jurisdicción para reclamar el dinero.

Resulta que los tratados originales que el gobierno cubano puso como requisito que para que la deuda cambiara de acreedor ellos tenían que dar su consentimiento. Ese permiso finalmente se dio, pero ahora el castrismo argumenta que los funcionarios cubanos que ellos mismos designaron en el Banco Nacional de Cuba incumplieron con lo establecido actuando sin consultar y en contubernio con los acreedores. Por ello los juzgó y encarceló.

Ahora se argumenta que esa autorización no es válida, por lo tanto, CRF I Limited no tiene jurisdicción para reclamar por los impagos.

Si el demandante gana, Cuba deberá pagarle la deuda que adquirió. Si el CRF I Limited pierde —lo que significa que la cesión de la deuda no fue válida— el compromiso de pago de Cuba no se extingue, pero no será pagado a ellos. No obstante, analistas opinan que la parte que se vea desfavorecida en el tribunal apelará la decisión, lo cual generará más gastos al presupuesto público de Cuba en caso de que sea una resolución negativa para el régimen.