Régimen castrista liberó con multa a tres integrantes de la Unión Patriótica de Cuba

Activistas de la Unpacu fueron liberados tras más de un año de haber sido arrestados por exigir la libertad de los presos políticos (Foto: Periódico Cubano)

El régimen castrista liberó a tres activistas de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) que estuvieron más de un año recluidos en la prisión Combinado del Este sin ser llevados a juicio.

Zaqueo Báez Guerrero, coordinador del grupo opositor en La Habana, comentó a Radio Televisión Martí que, el pasado 31 de diciembre, fueron liberados Alberto Aguiar Acosta, Aneski Jiménez y Roberto Pérez Rodríguez.

El opositor denunció que, el gobierno comunista, otorgó la libertad a los opositores, pero con una multa de 1.000 pesos que deberán pagar mañana martes en el centro de instrucción penal de Villa Marista.

“Fueron liberados ahora con una multa. No sé qué tipo de medida es esa, es vergonzoso que después de un año y veintisiete días, te multen”, manifestó Zaqueo Báez.

Los activistas fueron detenidos de manera arbitraria el pasado 5 de diciembre de 2020 cuando colocaban pegatinas para exigir la liberación de los presos políticos. Las autoridades los acusaron de cometer el delito de “desacato” y por ello estuvieron más de un año con un “juicio pendiente”.

Al parecer el gobierno cubano necesita más espacio en sus cárceles para seguir encerrando a manifestantes que participaron en las protestas masivas ocurridas el pasado 11 de julio en toda la Isla.

Además de esta liberación, las autoridades castristas anularon los cargos contra artistas e intelectuales que, en medio del estallido social, fueron a la sede del Instituto Cubano de Radio y Televisión para exigir unos minutos al aire a fin de enviar un mensaje al pueblo cubano.

Entre los ocho que recibieron un sobreseimiento de sus cargos se encuentran el historiador Leonardo Fernández Otaño y el actor Daniel Triana.

La organización Cubalex tiene documentado el arresto de 1.334 personas residentes en diferentes provincias por su participaron en las protestas masivas contra la continuidad del régimen castrista.

Más de 700 manifestantes se encuentran recluidos en las prisiones del régimen y 578 fueron liberados con restricciones de movilidad en la vía pública o bajo arresto domiciliario.

Entre los delitos que se imputan están «instigación a delinquir», «desórdenes públicos», «desacato», «atentado», «denegación de auxilio», «desobediencia», «resistencia», «evasión de presos y detenidos», «daños», «sedición» y «contra la Seguridad del Estado».

Para agilizar los juicios, el régimen aplica un procedimiento conocido como “atestado directo” que evita la presentación de una defensa efectiva, se usan pruebas falsas y los testigos de la fiscalía son policías haciéndose pasar por civiles.