Régimen enjuicia a manifestantes del 11J sin derecho a un abogado

Fotógrafo cubano Aynelo Troya juzgado sin derecho a un abogado. (Foto: 14 y Medio)

Que el régimen cubano viole los derechos de sus ciudadanos es una noticia que no sorprende prácticamente a nadie. Sin embargo, y aunque ocurra por enésima ocasión, el nuevo atropello contra los derechos de los ciudadanos cubanos es extremadamente preocupante.

En esta ocasión y como medida para amedrentar a los ciudadanos, el gobierno cubano ha comenzado a aplicar juicios sumarios contra los manifestantes detenidos el pasado 11 de julio por el delito de desorden público e instigación a delinquir, reveló El Toque Jurídico.  

Lo peor de todo es que a los acusados de estos supuestos delitos se les está negando la presencia de un abogado, un principio básico del derecho en las sociedades modernas.

El hecho trascendió luego de que Anyelo Troya, un fotógrafo que participó de las protestas en Cuba y colaboró con el video de “Patria y Vida” fuese sentenciado a un año de prisión solo por tomar fotos de las manifestaciones.

Ello se pudo conocer gracias a un testimonio de su madre, Raisa González, a la agencia de noticias Reuters. Además del artista, otras 11 personas fueron sentenciadas a condenas de 10 meses a un año.

“Mi hijo levantó la mano y pidió permiso muy correctamente y dijo que tenía un derecho a un abogado y a ser defendido, y enseguida vinieron para arriba de él y le pusieron las esposas”, contó llorando González.

Raisa González, madre del fotógrafo cubano Anyelo Troya, detenido en las protestas del #11JCuba, explica a Reuters que le impusieron una condena de un año por participar en esta rebelión. #SOSCuba. pic.twitter.com/Py2ueCEGrd

— Rolando Nápoles (@RNapoles) July 21, 2021

El juicio contra el fotógrafo se realizó de forma simultánea con otros 11 detenidos que presuntamente participaron igualmente en las protestas.

Según El Toque Jurídico, los juicios sumarios son un procedimiento que permite juzgar en menos de 20 días a las personas acusadas por delitos cuyo marco sancionador no excede el año de privación de libertad.

«La ejecución exprés de juicios contra los detenidos del 11J es un mecanismo que, además, han decidido complicar con la falta de transparencia en el manejo de la información de cada uno de los casos. Como sucedió con Anyelo, cada vez se conocen más testimonios de familiares de detenidos a quienes los oficiales del Ministerio del Interior pelotean, desinforman o niegan el acceso a datos —como el número de los expedientes, las fechas y lugares de los juicios—», explicó esta publicación.

Organizaciones y activistas calculan en varios centenares el número de detenidos desde las protestas del 11 de julio, de los cuales la mayoría permanecen en prisión -a la espera de recibir o no cargos- y otros han sido liberados.