Juan Carlos Hernández Mora, quien tiene la doble nacionalidad cubana y alemana, regresó a Cuba en 2008 con el sueño de establecerse y prosperar en su tierra natal. Tras 12 años viviendo en Alemania, donde se desempeñó como profesor de salsa, decidió invertir en la Isla y abrir un hostal en el centro de Trinidad, uno de los destinos turísticos más importantes de Cuba.
Sin embargo, su regreso, lleno de ilusiones, terminó en una pesadilla judicial que lo llevó a perder no solo su libertad, sino también su propiedad y su derecho a salir del país hasta 2030. En una entrevista exclusiva con Martí Noticias dijo que se arrepiente profundamente de haberse repatriado. “Solo quiero terminar mi condena y volver a Alemania. Me arrepiento profundamente de haber regresado a Cuba”, indicó.
A través de la repatriación, una figura legal que permite a los emigrados recuperar derechos como la residencia permanente y el acceso a servicios básicos, adquirió una casa colonial en Trinidad y abrió su hostal.
Además de su inversión, también contribuyó a la comunidad local organizando eventos, como torneos de ajedrez para jóvenes, y ayudando a personas necesitadas con donativos. El cubano-alemán compartía su experiencia y sus ganancias con los más vulnerables de la sociedad cubana.
Su negocio de turismo fue inicialmente exitoso, atrayendo a turistas europeos que acudían en busca de una experiencia autóctona en la Isla. Paradójicamente, esa también fue su desgracia, pues el régimen comunista siempre se caracteriza por sacar la hoz y el martillo para “cortarle la cabeza” a quien prospere y destruir su negocio. Los comunistas tienen el temor de que el ciudadano que obtenga poder económico luego aspire a conseguir el poder político.
La suerte de Hernández Mora cambió en 2019, cuando fue arrestado bajo acusaciones de proxenetismo, cohecho y fraude eléctrico. En un juicio que se celebró a puertas cerradas, fue condenado a 12 años de prisión. El proxenetismo en Cuba, un delito grave, puede acarrear penas de hasta 30 años de cárcel, lo que representa una condena severa en un sistema judicial ya conocido por su falta de garantías.
A pesar de las acusaciones, Hernández Mora insiste en su inocencia, señalando que las personas implicadas en el caso eran adultas y no declararon haber sido coaccionadas para realizar actos de prostitución. Junto a él, también fueron condenados otros implicados, incluyendo su esposa, quien fue sentenciada a varios años de prisión.
Tras su condena, las autoridades cubanas confiscaron su casa colonial, un bien adquirido con su propio capital. Su familia fue reubicada en un apartamento de construcción soviética en las afueras de Trinidad, una medida que refleja las prácticas del régimen cubano de apropiarse de propiedades de personas vinculadas al turismo.
La abogada Laritza Diversent, experta en derecho cubano, asegura que este tipo de acusaciones son frecuentes en el sistema judicial cubano y se utilizan como herramienta para expropiar propiedades de valor.
Aunque Hernández Mora fue liberado bajo libertad condicional en 2024, aún enfrenta una prohibición para salir del país hasta 2030. A pesar de mantener su ciudadanía alemana, su regreso a Europa está restringido por el régimen cubano.
El caso de Hernández Mora no es único. Diversos cubanos que regresaron a la Isla con la esperanza de hacer negocios o reunirse con sus familiares han sido víctimas de una maquinaria judicial que no ofrece garantías y que busca apropiarse de bienes valiosos bajo el pretexto de delitos graves. Este patrón ha sido documentado en otros casos, como el de Frank Cuspinera Medina, un empresario cubanoamericano, y el de Armando Unsain, un español que perdió propiedades en Cuba a pesar de su adhesión al régimen.
El régimen también ha expropiado a grandes empresas internacionales y tiene múltiples deudas con empresarios extranjeros que han invertido en Cuba.
Para Laritza Diversent, el caso de Hernández Mora es un ejemplo claro de cómo el régimen cubano utiliza el derecho penal no solo como herramienta de control político, sino también para asegurarse de que la economía y las propiedades sigan bajo el control absoluto del Estado.
Según la abogada, la promesa de apertura económica y de oportunidades para los emigrados no se traduce en una mejora real para los inversores extranjeros, quienes son vulnerables a los abusos del sistema judicial cubano.
sinceramente me alegro por imbecil y hdp hacer negocios con el gobierno de cuba
Hasta cuando seguirán engañando y explotando a las personas este cruel comunismo.