Reportan 85 incidentes de violencia y negligencia contra prisioneros en Cuba durante marzo

La mayoría de los presos en Cuba han sido víctimas de diferentes agresiones. (Captura de pantalla © Canal Caribe – YouTube)

El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) documentó 85 incidentes contra personas detenidas en Cuba durante el mes de marzo. Los casos, la mayoría relacionados con violaciones a los derechos humanos, ocurrieron en cárceles y centros de detención en 12 provincias del país y el municipio especial Isla de la Juventud.

El informe indica que gran parte de los sucesos se registraron en La Habana, Mayabeque y Camagüey. Respecto a los centros de detención, las denuncias más graves provinieron del Combinado del Este, así como de las prisiones de Guanajay y Melena del Sur.

Los datos documentados por dicho centro reflejan un patrón persistente de abusos sistemáticos, que se manifiestan en diversas formas de tortura, malos tratos y negligencia médica.

Uno de los hallazgos más alarmantes del informe es el registro de cuatro muertes en la cárcel de Boniato, en Santiago de Cuba, lo que eleva el total de fallecimientos en las prisiones cubanas a 18 solo en el primer trimestre de 2025.

Las causas de las muertes incluyen desnutrición, tuberculosis, insuficiencia renal y la falta de atención médica adecuada. Los fallecidos fueron identificados como Israel Cabrera, Aliandris Arce Salazar, Giovanis Ferrer Verdecia y Ramón Alayo Anglada.

El informe también destaca los brotes recurrentes de enfermedades contagiosas, como la tuberculosis, agravadas por el hacinamiento y el deterioro de las condiciones sanitarias. En la prisión Kilo 8, en Camagüey, los reclusos sufren desmayos frecuentes debido al hambre, mientras que el personal penitenciario no responde adecuadamente a la situación.

Al menos en nueve prisiones se reportaron quejas sobre la mala calidad y escasez de los alimentos, lo que ha generado niveles alarmantes de desnutrición entre los detenidos. Además, se denunció que los guardias roban insumos y los desvían hacia actividades ilícitas, como la cría de cerdos o el mercado negro.

Asimismo, se reportaron prácticas de corrupción como la venta ilegal de minutos telefónicos y la circulación de drogas dentro de las prisiones, a menudo con la complicidad de las autoridades.

El informe documenta además abusos y represalias contra los prisioneros que denuncian los abusos. Los traslados arbitrarios de prisioneros, como el caso del preso político Rolando Yusef Pérez Morera, son comunes, y en algunos casos, estos movimientos resultan en desapariciones forzadas.

Además, la violencia física sigue siendo una constante, con torturas y golpizas a los reclusos, como se documentó en las prisiones de La Pendiente y Kilo 7.

La represión también se extiende a las visitas familiares y los beneficios penitenciarios. El informe menciona el caso de Saylí Navarro Álvarez, a quien se le negó la visita de su madre por llevar ropa blanca, lo que fue interpretado como una manifestación en apoyo a las Damas de Blanco.

Además, se registraron suspensiones arbitrarias de permisos de visita y pases penitenciarios, como en el caso de José Ramón Solano y Daynel Cambell Curré, este último en huelga de hambre como protesta por las condiciones de su detención.

El informe concluye subrayando que estos casos documentados representan solo una pequeña fracción de la realidad. La falta de transparencia y el control absoluto del régimen sobre el sistema carcelario dificultan una radiografía completa de la situación.