Resolución establece nuevas tarifas de Bufetes Colectivos para residentes en Cuba

El Ministerio de Justicia modifica costos y denominación de servicios ofrecidos por la ONBC. (Foto: Periódico Cubano)

En la Gaceta Oficial de la República de Cuba se publicó la Resolución 231 del 2023 del Ministerio de Justicia, en la que se actualiza la denominación y las tarifas aplicables a los servicios jurídicos que ofrece la Organización Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC).

Según el medio oficialista Granma, estos cambios se encuentran dirigidos a personas naturales con residencia permanente en el territorio cubano. Además, las tarifas fijadas abarcan los gastos en los que incurre dicha organización para garantizar la prestación de los servicios jurídicos contratados en la moneda nacional.

Cabe destacar que en estos precios no se incluyen el cobro del impuesto sobre documentos ni el importe de los gravámenes por la prestación de servicios de terceras entidades, así como otros gastos asociados que no estén previstos en los asuntos que lo requieran.

Los importes correspondientes a los servicios jurídicos deberán ser pagados por el cliente al momento de la concertación del contrato. Asimismo, la resolución menciona que de interesar la designación de más de un abogado, la tarifa de servicio será la sumatoria establecida para el asunto de cada litigante seleccionado.

La nueva normativa ha modificado el costo de varios servicios jurídicos. Entre ellos se encuentran la privación o suspensión de la responsabilidad parental, el reconocimiento de la unión de hecho afectiva, los procesos filiatorios, la nulidad de matrimonio y los divorcios.

Además de estos casos, en la lista también se encuentran servicios con tarifas actualizadas: los procesos sumarios en materia de familia, civil, trabajo y seguridad social, los procesos sucesorios, administrativos y penales.

La aplicación de los costos será evaluada de manera semestral por el Ministerio de Justicia y quedará sujeta a las modificaciones que se requieran. Además, su existencia deroga la resolución 672, que había entrado en vigor el 28 de diciembre de 2021.

Entre las tarifas más elevadas se encuentran las relacionadas con los delitos de la seguridad del Estado. Los pagos para acusados son a partir de los 4.200 pesos cubanos y para las víctimas desde 3.150 pesos cubanos. En el mismo costo se encuentran los delitos contra la administración y la jurisdicción.

Esas cantidades también son consideradas para cargos vinculados a actos contra la seguridad colectiva y orden público, que generalmente impone el régimen contra las personas detenidas por manifestarse pacíficamente. Las tarifas completas se pueden revisar en este enlace.