A partir de octubre, cuando inicia el próximo año fiscal, los más de 220 mil residentes de Hialeah enfrentarán un incremento de entre 15% y 17% en las tarifas de agua potable y alcantarillado, lo que ha generado una fuerte reacción en la comunidad.
Muchos residentes, en su mayoría latinos de origen cubano, expresan su preocupación, pues cobrando el salario mínimo ya es insostenible el coste de la vida en la ciudad. “Tenemos miedo de abrir la pila”, reconoció una cubana entrevistada por la cadena Telemundo.
En un contexto donde los precios de la electricidad, gasolina y alimentos también están en alza, los ciudadanos sienten que el aumento de las tarifas de agua afectará aún más su capacidad para cubrir necesidades básicas. Ello refleja la angustia por el aumento de los costos en una ciudad con un ingreso per cápita de los más bajos en el condado de Miami-Dade.
Las autoridades de Hialeah informan que el aumento de las tarifas es una decisión impuesta desde el condado de Miami-Dade, que encabeza Daniella Levine-Cava. El condado justifica el incremento debido al envejecimiento de la infraestructura de agua y alcantarillado y al creciente consumo en el sur de Florida.
La factura de estos servicios se basa en una combinación del costo por consumo de agua y el cargo fijo por el servicio de alcantarillado. Por ejemplo, tarifas para agua pueden estar en torno a $1.8 a $1.9 por 1.000 galones y las tarifas de alcantarillado tienen además un cargo fijo que contribuye al total final en la factura.
El promedio actual que paga un residente en Hialeah por la factura de agua y alcantarillado ronda entre 45 y 60 dólares al mes. Con el aumento anunciado para el próximo año fiscal, que será entre un 15% y 17%, esta cifra podría subir a un rango aproximado de 52 a 70 dólares mensuales.
Aunque la ciudad ha tenido que absorber aumentos en los últimos tres años, la alcaldesa interina, Jacqueline García-Roves, ha expresado públicamente su descontento y asegura que no permitirá un incremento desproporcionado. El tema se ha vuelto un asunto medular en medio de la campaña electoral para elegir al próximo alcalde que sustituya al cubanoamericano Esteban Bovo.
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La alcaldesa interina, quien también se postula en las próximas elecciones municipales, está bajo presión para ofrecer soluciones rápidas. En una conferencia de prensa reciente explicó varias acciones que tomará el gobierno de la ciudad.
- Absorción del incremento con reservas de la ciudad: García-Roves afirmó que su administración asumirá el aumento utilizando las reservas de la ciudad, evitando que el costo adicional sea trasladado directamente a los residentes.
- Disputa por una deuda de 18 millones de dólares: En relación con un cobro de 18 millones de dólares por un medidor defectuoso, la alcaldesa rechazó la deuda, argumentando que no debía ser pagada y que los residentes no deberían cargar con esa injusticia.
- Eliminación de la responsabilidad por la planta de ósmosis inversa: García-Roves también solicitó que Hialeah sea liberada de la responsabilidad de financiar una planta de ósmosis inversa inaugurada en 2013, ya que considera que esta instalación no produce beneficios reales y ha generado una deuda millonaria.
- Nuevo programa de medidores: A partir del 1 de noviembre, los residentes podrán instalar un segundo medidor de agua en sus propiedades, separando el consumo destinado a riego o piscinas del consumo general, lo que permitirá reducir los costos de agua y evitar que se facture como aguas residuales.
- Solicitud de auditoría estatal: La alcaldesa ha solicitado al gobernador de Florida, Ron DeSantis, y al Departamento de Supervisión y Eficiencia Gubernamental que realicen una auditoría al Departamento de Agua y Alcantarillado (WASD) para garantizar la transparencia en la gestión financiera y justificar los aumentos.
Sin embargo, el caso de Hialeah no es único. Varias ciudades del sur de Florida enfrentan problemas similares debido al envejecimiento de la infraestructura y las crecientes demandas ambientales. Estas ciudades también han experimentado aumentos en las tarifas de agua, lo que ha dado lugar a protestas ciudadanas y demandas legales contra las autoridades locales y estatales.
sian eliiendo los mismos reciclados politiqueros pero no hablan de quitarse esas pensiones que tienen ay votar por entes del puebloy los comisionados escojerlos como los que van a servir de jurados para que no se conoscan